Desde los reclamos públicos con que el ingeniero Juan Carlos Blumberg, luego del brutal asesinato de su hijo Alex a manos de un grupo de criminales secuestradores, el poder político nacional (y provincial) cedió en todos los reclamos con la condición –única y excluyente– de no ser desbordado en un problema con poca posibilidad de una respuesta urgente.
Está claro que la seguridad en el marco de una crisis estructural como la de Argentina no se soluciona de la noche a la mañana y a pesar de conocer a la perfección ese impedimento, se alineó como furgón de cola a las concentraciones civiles.
Las asiduas visitas, hoy casi desaparecidas, de Blumberg al gobierno cordobés (con las consabidas fotos en el despacho privado del gobernador José Manuel de la Sota), acunaron la idea de la instauración del juicio por jurados en el territorio provincial.
Épocas en las que el ingeniero pedía y el gobierno concedía.
El Tribunal Superior de Justicia, presentó con grandes pompas la nueva incorporación de ciudadanos en los estrados judiciales compartiendo la responsabilidad de administrar justicia junto a jueces técnicos, que merecidamente se ganaron la ponderación de formar parte de la administración judicial más prestigiada del país.
Una mixtura con problemas y sin beneficios.
Está claro ahora que la resolución sobre las impugnaciones a la constitucionalidad de los jurados resueltas por el alto cuerpo judicial, no ofrecerá demasiadas sorpresas confirmando lo que firmaron entre sonrisas y augurios de una nueva era en el pionero camino del derecho penal cordobés.
Mensaje inútil
Para ir por partes es necesario comenzar a desentrañar el mensaje que lograron llevar a ocho ciudadanos titulares y dos suplentes hasta el estrado judicial junto a las cámaras del crimen.
La irrupción de Blumberg en la escena nacional estuvo condimentada de fuertes (y justos) reclamos.
La solicitud de mayor seguridad al gobierno nacional y sus masivas concentraciones tenían una subyacente crítica a la Justicia, incluso confundiendo sus roles de reparadora en preventiva.
Nadie puede seriamente negar que los discursos con que se criticó (y critica) al Poder Judicial y Legislativo era su desinterés y permisividad con el delito, sobre todo con aquellos capaces de perforar el tejido social, como los secuestros y robos domiciliarios muchas veces seguidos de muerte.
Todo traducido en más penas y más condenas.
¿Esta desgraciada realidad existía por falta de esas respuestas?
Así fue pensado y por ello se machacó constantemente con la necesidad de aumentar las penas y acentuar las condenas, en los dos extremos donde justamente fue obviada la Justicia, que debió estar presente en el reclamo de la solución.
En ese contexto la sola presencia de los jurados populares en un juicio garantizaban la condena, de tal forma que condena y jurados pasaron a ser en el leguaje del reclamo sinónimos.
Los jurados populares debían irrumpir en sistema judicial cordobés, uno de los más vanguardistas de la Nación, para contrarrestar (aunque sin decirlo) la genuflexión que los reclamantes suponían de los jueces técnicos.
Nada más lejos de la realidad
Los jueces tienen como única y excluyente función la de administrar justicia, condenando o absolviendo si las pruebas (y no las necesidades sociales o políticas) lo deciden.
Los juicios siguen, afortunadamente, siendo una batalla puramente probatoria.
Ingreso estelar
En ese contexto y con un discurso acomodado a las circunstancias (llevar el pueblo a tribunales para comprometer al ciudadano común) los jurados populares aparecieron con toda la fanfarria de las grandes ocasiones en la escena judicial de la mano de una ley caracterizada por su pésima técnica legislativa.
Los jurados serían la garantía de una justicia severa y ejemplificadora, componiendo dos cualidades que justamente no le corresponden, pero estando a tono con las exigencias públicas y las encuestas que gobiernan el mundo de la política, más allá de la racionalidad.
Los pedidos de inconstitucionalidad contra los jurados, ya aceptados por una cámara del crimen, pusieron las razones de su existencia en negro sobre blanco.
La decisión de incorporarlos a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia (1° de enero de 2005) pulverizó la garantía constitucional del juez natural, debidamente establecido en la Constitución Nacional, donde está claramente fijada que debe intervenir el juez designado con “anterioridad” al hecho del proceso muestran la concesión sin límites al pedido de una solución imposible.
La decisión de los jurados a declarar la culpabilidad o inocencia de los autores con su “íntima convicción” sin necesidad de fundamentarla lógicamente resulta imposible de controlarla por las partes del proceso, lesionando sin eufemismos el derecho de defensa y por lo tanto carece de un explicación posible en términos jurídicos.
Está claro que el reclamo puede más, tanto más que el sistema judicial cordobés ha trocado en los delitos sometidos al juicio por jurados el concepto de justicia por el de condena.
Blumberg tiene razón en sus reclamos y es muy bueno para la salud de una República desmovilizada y sometida al unicazo, que pida al gobierno una solución a la inseguridad sencillamente porque le corresponde.
Es mejor aún si continúa logrando participación popular en sus llamados públicos hasta que las autoridades pongan manos en el problema.
Pero es malo y preocupante que se traduzca todo en una solución mágica (y absolutamente inservible) de proponer solamente una escala penal más grave (aceptada mansamente por los legisladores nacionales) y la incorporación de jurados como una garantía de condena como la instancia final del grave padecimiento.
Pese a todo, nada cambió
Sencillamente porque ni bajaron los índices delictivos, ni bajó el nivel de brutalidad y violencia en los delitos, ni se perdió el pánico y la sensación de inseguridad que acostumbraron a los argentinos en los últimos tiempos cuando el sistema productivo en el mayor achicamiento de la historia fundó una pobreza estructural expulsando del circuito productivo a millones de compatriotas.
Es seguro que un problema estructural no se soluciona con parches meramente represivos.
Una prueba de ello es que pese a conseguir todos sus reclamos, (mayores penas y jurados) Blumberg continúa en la tarea de buscarle la pata a la sota, llamando a la gente a la Plaza y repitiendo sus discursos tal como comenzó en esta desgarradora historia.
Es hora de pensar en serio y entre esos pensamientos reflexivos debería reconsiderarse el injerto judicial, que transita con más pena que gloria por los tribunales cordobeses.
¿Escupir para arriba?
El Tribunal Superior de Justicia será el encargado de decidir sobre la constitucionalidad y validez de los jurados populares que instauró con tanto entusiasmo.
¿Puede pensarse que respaldarán el pedido de jueces, abogados y fiscales para tirar al cesto de los errores a los jurados populares?
La respuesta es obvia.
Los jueces, es bien sabido en el ámbito tribunalicio, no acostumbran a escupir para arriba, más aún si se tiene en cuenta que los juicios celebrados cuyas condenas se encuentran en ejecución recibirían una avalancha de pedidos de nulidad.
