27/5/13

Víctor Muiña Fano (España)

El jurado popular en España: sombras y más sombras

Foto de perfil en Twitter de Victor Muiña Fano

Extractos:

Imagínense a un español cualquiera que, a la vuelta del trabajo, encuentra en su buzón una certificación oficial. Preocupado –a lo largo de los años ha aprendido que el Estado suele ser portador de malas noticias– abre la carta y lee consternado que se le requiere para formar parte de un jurado popular. No es demasiado aventurado suponer que su primera reacción será mascullar entre dientes la más común de nuestras maldiciones. Luego, repuesto del susto, quizá se pregunte si podrá faltar al trabajo –él que lo tiene– y si pagarán algo. Y, como las respuestas a estos interrogantes son, respectivamente, «sí» y «67 euros al día, 18 por dietas y un variable en costes de desplazamiento», pensará que, después de todo, la situación no es tan desastrosa.

Sin embargo, estará equivocado. A la vista del funcionamiento de la institución del jurado en España, la situación es desastrosa y preocupante.

Todos los problemas ajenos y también los propios

Dado que los jurados siempre se forman a través de la elección aleatoria de unos miembros representativos de la sociedad, estos pueden llegar provocar calamidades ampliamente estudiadas pero nunca solucionadas: fenómenos como la tiranía de la mayoría; la dictadura judicial de ciertos poderes fácticos capaces de manipular a la ciudadanía, como sucede con los medios de comunicación y la influencia que sus propietarios tienen sobre las corrientes de opinión imperantes en la sociedad; y realidades evidentes como el alto porcentaje de culpabilidades dictaminadas por los jurados para ciertos delitos o colectivos explícita o implícitamente denostados.

Problemas gravísimos todos ellos, pero que podrían resumirse del siguiente modo: el jurado tiende a agudizar la benevolencia de la justicia con los ciudadanos más integrados en el tejido social y la severidad con los marginados. Esta realidad es hasta tal punto notoria que, habitualmente, los abogados defensores de medio mundo reprueban o aceptan el tribunal jurado en función de las características de su cliente y del tipo de crimen del que se le acusa.

Todos estos problemas son prácticamente inherentes a la institución del jurado que, a cambio, aspira a permitir que los ciudadanos correctamente integrados en la sociedad controlen la actuación de uno de los pilares del Estado. Sin embargo, en España, una serie de desequilibrios añadidos al funcionamiento de la institución, provocan que esta pierda buena parte de los efectos higiénicos que pudiera tener.

La generalización del español que lamenta su mala suerte al ser seleccionado para participar en algún proceso, quizá no sea demasiado exagerada: la ciudadanía española no siente como algo propio la administración de justicia. En el mejor de los casos, el poder judicial se percibe como algo a lo que acudir para solucionar un problema; en el peor, la justicia es el más formidable de los enemigos. Afrontar desde esta consideración la participación en su administración, no puede arrojar sino malos resultados.

Además, hay determinados crímenes que, por diversos motivos, no están sometidos la institución del jurado: los españoles sólo juzgamos los asesinatos y ciertos tipos de homicidios; los allanamientos de morada; los incendios forestales; la omisión de socorro; la infidelidad en la custodia de documentos o presos; y una serie de delitos hoy en día politizados como el cohecho, el tráfico de influencias, el fraude y la malversación. Crímenes que, en muchos casos, suelen imputársele en bloque a los funcionarios y gobernantes públicos corruptos.

Las razones aducidas en la legislación para justificar la elección de este catálogo de crímenes son, por un lado, su escasa frecuencia, que evita que un procedimiento tan complejo como el jurado colapse el ejercicio de la justicia y, por otro, una escasa complejidad técnica, que posibilita que los legos puedan juzgarlos. Si están preguntándose cómo es posible que esa batería de delitos económicos sean considerados «no complejos» por nuestra legislación, no se preocupen: muchos Magistrados también lo hacen.

Y es que la relación de los profesionales del Derecho con el jurado no ha sido, en absoluto, ejemplar. Destacan, en este sentido, los esfuerzos que en muchas ocasiones realizan los Jueces para que una serie de delitos presuntamente interconectados, acaben bajo el paraguas de la judicatura profesional. La legislación, muy compleja en este apartado concreto, establece que cuando uno o más imputados son finalmente acusados de varios delitos y siempre que no sea posible juzgar cada uno de ellos por separado, los hechos deben ser valorados por el tribunal estipulado para el crimen principal. Esto ha provocado que muchos jueces refuercen la posición de ciertos delitos para tratar de evitar que un determinado proceso acabe en manos de un jurado en el que, como institución, muchos no confían. Los recelos son, por tanto, recíprocos.

Una figura incómoda

El jurado aporta, a pesar de los pesares, una enorme contundencia a la justicia española: el porcentaje de casos resueltos a través de este método tienen que repetirse es realmente escaso. Al fin y al cabo, en cualquier procedimiento democrático, es difícil decirle a la mayoría de la población, en este caso representada a través de un muestreo, que se equivoca. Sin embargo, esto no es óbice para reflexionar sobre el hecho de que, muy probablemente, parte de los profundos problemas estructurales de esta institución se trasladarán hasta sus decisiones.

En España, el tribunal jurado ha protagonizado alguno de los casos más mediáticos de la historia judicial más reciente. Uno de los más sangrantes para esta institución fue el caso Wanninkhof: en 2001, los 9 ciudadanos legos asumieron como propias las conclusiones finales del fiscal y consideraron culpable del asesinato de la joven Rocío a la acusada, María Dolores Vázquez, que fue condenada por el juez a 15 años de prisión. Para una parte de la judicatura profesional y de la propia ciudadanía, pareció evidente que la enorme repercusión social del proceso había influido en el jurado. En 2004, Dolores Vázquez fue absuelta por un tribunal profesional y puesta en libertad tras 17 meses en prisión.

Más recientemente, un jurado popular consideró, por 5 votos contra 4, que el Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el Secretario General de su partido, Ricardo Costa, eran no culpables de haber recibido los famosos trajes y otros regalos a cambio de sus influencias. En el contexto sociopolítico actual, gran parte de la sociedad española había decidido, varios meses antes, justo lo contrario. A muchos ciudadanos les dolió, especialmente, la sonrisa con la que Camps recibió la buena nueva de su no culpabilidad; sin embargo, quizá la más ofensiva de sus reacciones, aquella que debía haber espantado a propios y extraños, partidarios y detractores, pasó más desapercibida. El gracias que el entonces Presidente valenciano lanzó hacia los 9 ciudadanos que acababan de salvarle por la mínima, delata la situación de esta institución en España: el resultado de la deliberación de un jurado no es algo que un político deba agradecer. Fue un gesto descuidado de Camps, el ciudadano, que por un momento se vistió de semejante cuando se dio cuenta de que le acababan de hacer un favor, no justicia.

Y es que el jurado no es sino el lugar donde la justicia y la ciudadanía entrelazan sus respectivas problemáticas. Y, por desgracia, en ese espacio reservado para el encuentro de ambas partes, en España se genera un ambiente doblemente enrarecido.

Enlace: Versión On Line

Víctor Muiña Fano
Nacido en Gijón, en 1983, estudió Historia y un postgrado en Historia y Análisis Sociocultural en la Universidad de Oviedo. Fue columnista en la edición gijonesa del diario El Comercio, ha colaborado en el periódico de la Semana Negra, A Quemarropa, y la revista cultural Neville y es codirector de La Soga magazine. Actualmente reside entre Gijón y Madrid, donde trabaja como profesor.

Publicación: Neville Magazine Popular
España
23 de mayo de 2013

24/5/13

Dr. Raúl José Cámpora (Argentina)

Impedimentos presupuestarios

Dr. Raúl Cámpora
Presidente del Colegio de Abogados de Viedma
Río Negro - Argentina

Extractos:

En cuanto a la implementación de los "juicios por jurado" Cámpora vio impedimentos en temas presupuestarios y en la puesta en marcha de esa modalidad de juzgamiento, por lo que consideró que su análisis debería quedar postergado para más adelante.

Enlace: Versión On Line

Dr. Raúl Cámpora
Presidente del Colegio de Abogados de Viedma
Provincia de Río Negro

Publicación rionegro.com.ar
24 de mayo de 2013

18/5/13

Reyes Calderón (España)

Quizá no estemos preparados para el jurado popular

Escritora española Reyes Calderón

Extractos:

Todas las estadísticas muestran que cuando uno se encuentra en un jurado y tiene que meter a una persona cuarenta años en la cárcel por un asesinato (que puede haber cometido o no porque tampoco tienes nunca la certeza), pues uno tiende a ser menos objetivo y a ser más benevolente.

Además, tratándose de temas en los que hay envuelto mucho dinero en procedimientos poco claros, como los casos de blanqueo, a veces no se terminan de comprender, y cuando esto pasa también se es más benevolente.

La discusión está ahí, si debemos ejercerlo nosotros o un jurado profesional o uno mixto, como hay en otros ordenamientos. Creo que es la primera vez que se escribe una novela con un jurado popular en el ámbito español. Los americanos dedican muchísimo dinero a seleccionar el jurado, miran todos los antecedentes, miran los gestos, nosotros no tenemos esas cantidades de dinero ni estamos preparados, ni tenemos costumbre y entonces pues a veces no se selecciona bien el jurado y salen unos veredictos un poco peculiares.

Enlace: Versión On Line

Sra. Reyes Calderón
Escritora

Quizá no estemos preparados todavía para el jurado popular
(reseña al libro "El jurado número 10")
Por Fernando Blanco
Publicado por ABC.es
18 de mayo de 2013

14/5/13

Hugo Russo (Argentina)

Juicio por jurados y prejuicios sociales 
 
Hugo Russo - Secretario Adjunto AJB deleg. San Isidro

Extractos:

Hugo Russo puso en debate la posibilidad de los juicios por jurado. Respecto de este tema subrayó que “acá hay que discutir qué jurado es el que se va a conformar, ¿un jurado de la Horqueta para juzgar a un pibe que se robó un pollo?”.
 
Enlace: Versión On Line
 
Hugo Russo
Secretario Adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense delegación San Isidro

Zona Norte Diario On Line
14 de mayo de 2013

9/5/13

Dra. Margarita del Carmen Tropiano (Argentina)

La presión mediática afecta el derecho de defensa

Dra. Margarita del Carmen Tropiano
Presidente del Colegio de Magistrados de la Pcia. de Buenos Aires - Argentina
 
Extractos:

Cuando me preguntaron, respondí que el juicio por jurados es el sistema de enjuiciamiento más caro. Estados Unidos hoy, que no lo va a sacar nunca este sistema, hace sólo un cinco por ciento de los casos.
 
La implementación no es fácil, porque requiere toda una preparación, tanto de los que van a participar como jueces como de los fiscales y los defensores.
 
También pensé cómo implementarlo en ciudades chicas, algo que no lo dice la ley, donde la presión mediática y de la población puede llegar a afectar con más fuerza al derecho de defensa del acusado, al no alcanzar a conformarse un jurado completamente imparcial.
 
 
Dra. Margarita Tropiano
Jueza Camarista y Presidente del Colegio de Magistrados de la Pcia. de Buenos Aires
 
Diario El Tiempo - Ciudad de Azul
Provincia de Buenos Aires
República Argentina
9 de mayo de 2013