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6/5/04

Dr. Hernán Munilla Lacasa (Argentina)

Juicio por jurados

Dr. Hernán Munilla Lacasa
Abogado - Argentina

Carta de lectores:

Señor Director:

1) Para ser designado juez de la Nación, es necesario atravesar una serie de exigentes filtros: exámenes prácticos, oposición de antecedentes, entrevistas varias, período de impugnaciones, atravesar el trámite del Senado y finalmente ser designado por el presidente de la República. En otras palabras, se pretende, ni más ni menos, poseer la idoneidad requerida por el artículo 16 de la Constitución Nacional.

En cambio, de prosperar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para enviar a la cárcel de por vida a una persona por haber cometido cualquier delito grave (aquellos penados con 6 años o más de prisión, es decir, más del 50% de los delitos tipificados en el Código Penal), bastará con que el miembro del jurado posea el ciclo básico completo.

2) Toda sentencia que pronuncia un juez técnico debe ser una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias comprobadas de la causa. En otras palabras, debe ser fundada.

De prosperar el citado proyecto, el jurado lego sólo deberá emitir un veredicto de culpabilidad, sin ninguna necesidad de explicar los motivos en que sustenta su decisión.

Es decir, de convertirse en ley la propuesta del Ministerio de Justicia, convivirán dos sistemas bien diferenciados: aquel que sea condenado por un delito de menor gravedad, no sólo sabrá que lo ha juzgado un juez técnico, conocedor de la ciencia jurídica; sabrá también, aunque no la comparta, la valoración esgrimida para arribar a tal conclusión, extremo que le permitirá luego cuestionar en un tribunal de alzada, recurso mediante, el razonamiento seguido por el magistrado.

En cambio, aquel que sea condenado por un jurado de legos por haber cometido un delito grave, jamás podrá saber cuál fue el razonamiento lógico empleado por éstos y muy difícil le resultará acreditar, ante un tribunal superior, que han procedido con arbitrariedad.

3) Aquel que se haya diplomado de abogado, tras muchos años de sacrificado estudio en la Universidad, no podrá aportar sus conocimientos y contribuir en la administración de justicia, por cuanto el mencionado proyecto, de ser aprobado, lo excluye como posible miembro del jurado. ¿Las razones? Que habrá de influir en el voto de los restantes integrantes del selecto grupo. Me pregunto: ¿no serán éstos igualmente influidos por los discursos del fiscal y del abogado defensor?

A los contrasentidos apuntados, se suma que serán dejadas en manos del sentido común de personas completamente ignorantes del derecho y de las leyes cuestiones tan técnicas como si el acusado pudo comprender la criminalidad de su conducta, si pudo dirigir sus acciones, si pudo exigírsele otro comportamiento, si obró con error, si éste fue de hecho o de derecho; si concurrió alguna causal de justificación como ser un estado de necesidad disculpante o una legítima defensa, si ésta fue putativa o si medió un exceso; si obró coaccionado o inspirado en una obediencia debida.

Son éstos los presupuestos de toda imputación penal, aquello que enseñan en la Facultad de Derecho y acerca de lo cual tantos libros se han escrito. Estos presupuestos, cuyo concurso autoriza la atribución de un juicio de reproche penal, son los que deberán ponderar los miembros del jurado para emitir un veredicto de culpabilidad y decidir, por ejemplo, una condena a prisión perpetua.

Las soluciones que reclama nuestro desacreditado sistema de enjuiciamiento penal, el cual tiene directa relación con la crisis de impunidad e inseguridad que afecta al país, no provendrá de la implementación del juicio por jurados, que ni siquiera posee una comprobada eficacia en los países donde rige (EE. UU., España, o en la provincia de Córdoba).

Es de esperar que el Poder Legislativo no proceda con precipitación y en forma tan inconsulta como lo ha hecho el Ejecutivo.

Enlace: Versión On Line
 
Dr. Hernán Munilla Lacasa
Títulos: Doctor en Ciencias Jurídicas, por la Universidad Católica Argentina, abril de 2014. Su tesis doctoral, “La retención indebida como delito de omisión”, fue calificada de “sobresaliente” por decisión unánime del jurado. Posgrado de Derecho Penal, Universidad Católica Argentina, 1999. Abogado, Universidad del Museo Social Argentino, 1986.
Actividad laboral: Socio fundador del estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios Abogados (2015). Socio del Estudio Durrieu Abogados SC (1990/2014). Asesor de la Honorable Cámara de Diputados (1990/1992) en asuntos vinculados a cuestiones penales. Secretario de Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción y de Sentencia (1986/1990).
Docencia: Fue designado profesor del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCA, a cargo del Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. Titular de la cátedra de “Derecho Penal, Parte Especial”, UCA, 2015 (ingresó a la carrera docente en 1990). Profesor titular del “Seminario de Práctica Profesional, Derecho Público y Derecho Penal”, UCA, desde 2015 (ingresó a la carrera docente en 1990). Profesor del posgrado “Derecho Empresario”, UCA, 2008 a la fecha. Profesor de posgrado en la carrera “La empresa y el derecho penal”, UCA, 2008 a la fecha.

Diario La Nación
Carta de Lectores

Buenos Aires - Argentina
6 de mayo de 2004