Más peligroso que útil
Carta de Lectores:
Sr. Director:
Considero desacertada la posibilidad de reforma de nuestro sistema, por el de juicios por jurados. Es un desatino considerar que el fin de este sistema sea lograr transparencia, celeridad, representatividad, etcétera. No es dable admitir que cualquier ciudadano mendocino pueda determinar, integrando un jurado, si un imputado es culpable o inocente del delito que se le atribuye.
No puede juzgarse conforme a emociones o diversas humanidades más que a derecho. Es el juez quien posee el conocimiento teórico y práctico en materia de derecho. Si consideramos el bien jurídicamente tutelado, entre los que podemos señalar la libertad, ¿tan poco valor le otorgamos a la libertad como para dejarla en manos de simples personas que quizás no tengan en cuenta que existen principios esenciales en materia penal, como es el de in dubio pro reo, entre otros? Será tal vez que el éxito de la función dependerá del grado de cultura, educación cívica y moralidad del pueblo en un acendrado predominio de los valores espirituales y morales que deben dominar los sentimientos egoístas.
Si el derecho de acusar en tal sistema pertenece a todos los miembros de la comunidad, claro está que quien se constituya en acusador necesita sentirse célula de un mismo cuerpo y actuar en representación de éste. De lo contrario, al moverse por un interés particular el sentimiento atenta contra la finalidad del proceso. Si bien la soberanía reside en el pueblo y cada individuo debe sentirse lesionado o amenazado en su derecho cuando se produce un hecho delictuoso, también es real que la sociedad está jurídicamente organizada e impera un sistema representativo-republicano y el Ministerio Público es el órgano que representa al pueblo.
Me pregunto si como ciudadanos, como sociedad, nos encontramos maduros para semejante responsabilidad; si este sistema de juicio por jurados nos garantiza una correcta administración de justicia; si estamos dispuestos a condenar o absolver, cuando nos cuesta creer, aún con pruebas fehacientes, que un funcionario “representante del pueblo” sea sujeto activo del delito de cohecho, cuando esto debería ser causa determinante de una sanción penal y social, aunque se tratase tan sólo de una presunción. Este sistema es más peligroso que útil.
Considero desacertada la posibilidad de reforma de nuestro sistema, por el de juicios por jurados. Es un desatino considerar que el fin de este sistema sea lograr transparencia, celeridad, representatividad, etcétera. No es dable admitir que cualquier ciudadano mendocino pueda determinar, integrando un jurado, si un imputado es culpable o inocente del delito que se le atribuye.
No puede juzgarse conforme a emociones o diversas humanidades más que a derecho. Es el juez quien posee el conocimiento teórico y práctico en materia de derecho. Si consideramos el bien jurídicamente tutelado, entre los que podemos señalar la libertad, ¿tan poco valor le otorgamos a la libertad como para dejarla en manos de simples personas que quizás no tengan en cuenta que existen principios esenciales en materia penal, como es el de in dubio pro reo, entre otros? Será tal vez que el éxito de la función dependerá del grado de cultura, educación cívica y moralidad del pueblo en un acendrado predominio de los valores espirituales y morales que deben dominar los sentimientos egoístas.
Si el derecho de acusar en tal sistema pertenece a todos los miembros de la comunidad, claro está que quien se constituya en acusador necesita sentirse célula de un mismo cuerpo y actuar en representación de éste. De lo contrario, al moverse por un interés particular el sentimiento atenta contra la finalidad del proceso. Si bien la soberanía reside en el pueblo y cada individuo debe sentirse lesionado o amenazado en su derecho cuando se produce un hecho delictuoso, también es real que la sociedad está jurídicamente organizada e impera un sistema representativo-republicano y el Ministerio Público es el órgano que representa al pueblo.
Me pregunto si como ciudadanos, como sociedad, nos encontramos maduros para semejante responsabilidad; si este sistema de juicio por jurados nos garantiza una correcta administración de justicia; si estamos dispuestos a condenar o absolver, cuando nos cuesta creer, aún con pruebas fehacientes, que un funcionario “representante del pueblo” sea sujeto activo del delito de cohecho, cuando esto debería ser causa determinante de una sanción penal y social, aunque se tratase tan sólo de una presunción. Este sistema es más peligroso que útil.
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Diario Los Andes - Mendoza
Opinión - Carta de lectores
17 de octubre de 2004
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