No hay razones valederas para suplantar a magistrados por legos surgidos de un sorteo
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| Dr. José María Orgeira Abogado y ex magistrado |
Extractos:
Coincido totalmente con las opiniones de Diana Cohen Agrest, de la Jueza María Cohelo y de Javier Romero Lóizaga, difundidas en cartas de lectores del 11, 22 y 24 de julio.
Personalmente tengo varias razones: si se quiere mejorar la justicia tengamos en cuenta que el 95 % de las causas no llega a juicio oral y el principal problema radica en que muchas investigaciones se frustran por inactividad oportuna o prescripción de la acción penal.
En cuanto al juicio por jurados:
1) No hay razones valederas para suplantar a magistrados por legos seleccionados en un sorteo.
2) Se carece de inmuebles adecuados para alojar y alimentar al jurado mientras dure el juicio.
3) Si los testigos muchas veces sufren intimidaciones, cómo garantizar que no ocurrirá lo mismo con los integrantes del jurado; bastará con amedrentar a algunos para impedir la formación de la mayoría necesaria y entonces no habrá condena en los casos en que debería imponerse un veredicto de culpabilidad.
4) Los alumnos universitarios necesitan varios meses de estudio para saber cuándo hay causales de justificación, inculpabilidad u otras circunstancias que tornen posible exonerar de responsabilidad al imputado de un delito. En el proyecto de la Pcia. de Buenos Aires se establece que el jurado será instruido durante la etapa de deliberación (art. 7º). Se espera que esa especial aptitud la tengan personas de entre 18 y 65 años, con estudios primarios completos, quedando expresamente excluidos los abogados (art. 1º).
Y son sólo reparos puntuales, porque hay muchos otros para rechazar este cambio propiciado. ¡Dejemos a los jueces que impartan Justicia –deseando que lo hagan con la mejor doctrina y dedicación– e instruyamos al Pueblo para que colabore, desde afuera, siguiendo con atención cómo se desarrollan los procesos penales!
Enlace: Versión On Line
Dr. José María Orgeira
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1968 al 2003). Secretario Penal (1961/70). Fiscal del Crimen (1970/73). Juez en lo Criminal de Instrucción (1973/1977). Renunció a la magistratura para ejercer privadamente la abogacía. Miembro, Fundador y Ex-Presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (1992/1995).
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1968 al 2003). Secretario Penal (1961/70). Fiscal del Crimen (1970/73). Juez en lo Criminal de Instrucción (1973/1977). Renunció a la magistratura para ejercer privadamente la abogacía. Miembro, Fundador y Ex-Presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (1992/1995).
Carta de Lectores para diario La Nación (no publicada)
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