La ilusión del juicio por jurados
 |
| Aleardo F. Laría Vice-director del diario "Río Negro" |
El calvario de Dolores Vázquez empezó el 9 de octubre de 1999, cuando en Mijas, un atractivo pueblito español de la costa dorada de Málaga, desapareció la adolescente Rocío Wanninkhof. El cadáver de Rocío apareció casi un mes después, desnudo, apuñalado y quemado, a más de 30 kilómetros de donde se la vio por última vez. Los restos estaban tan mal que no se pudo saber si había sido violada. Se desató todo tipo de especulaciones, hasta que la policía creyó encontrar una pista firme y detuvo a Dolores Vázquez, una mujer que en el pasado había tenido una relación amorosa con Alicia Hornos, la madre de la víctima.
En septiembre del 2001 se celebró un juicio con jurado que condenó a Dolores Vázquez a 15 años de prisión como autora del asesinato de Rocío Wanninkhof. Ese juicio fue anulado en la instancia de apelación por falta de motivación en el veredicto, al comprobarse que los jurados habían sido influenciados por la peculiar relación que unía a la madre de la víctima con la acusada. Cuando estaba por celebrarse la nueva vista, un informe del servicio de criminalística de la Policía española advirtió que el ADN encontrado en la colilla de un cigarrillo que estaba cerca del cuerpo de Rocío coincidía con los rastros que se habían encontrado en los restos de otra joven, Sonia Carabantes, asesinada un mes antes. Se verificó que el perfil genético correspondía a Tony Alexander King, un residente británico con antecedentes por agresiones sexuales en el Reino Unido.
King fue condenado a 19 años por el asesinato de Rocío Wanninkhof y a otros 36 por la muerte de Sonia Carabantes. El segundo juicio contra Dolores Vázquez fue suspendido y finalmente se dispuso su sobreseimiento provisional en la causa. No obstante, la infeliz mujer estuvo 17 meses en prisión acusada de un crimen que no había cometido.
El episodio permite apreciar en toda su intensidad el riesgo que supone entregar la libertad de una persona al juicio meramente intuitivo de unos jurados populares que carecen de formación y preparación para llevar a cabo la delicada tarea de juzgar.
Ésta es probablemente la mayor crítica que se puede formular al juicio por jurados. La tarea que realiza un juez penal es propia de un especialista en Derecho que obtiene un título de grado superior y luego va adquiriendo una formación basada en una práctica a lo largo de muchos años. Si bien la formación de los jueces penales es bastante deficiente –puesto que un verdadero criminalista tiene que ser formado en variadas disciplinas como psicología, antropología, física, biología y en nuestras facultades sólo se estudian leyes–, lo cierto es que con la práctica adquieren una preparación que está a distancia sideral de la que puede poseer un simple ciudadano elegido por sorteo.
La psicología de los seres humanos los hace fácilmente receptores a las hipótesis de las tramas ocultas y a las teorías conspirativas. Lo vemos a diario en las notas que reflejan nuestra actualidad política. También en la enorme popularidad que han alcanzado las novelas policiales y las series de televisión que utilizan los mismos esquemas dramáticos. De allí que una de las tareas más relevantes que realiza un juez consiste en librar una batalla permanente contra la fuerza de sus propios prejuicios para evitar caer en los juicios meramente intuitivos. Algo que se adquiere luego de una rigurosa autocrítica basada en la experiencia de los propios errores.
La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, acaba de reconocer que nuestra sociedad no está preparada para los juicios por jurado porque "poca gente entiende el principio de inocencia, que es ignorado e incomprendido por el ciudadano". Pero además ha añadido otro argumento de peso al señalar que son muy caros, dado que los jurados tienen que estar aislados y si el juicio dura varios días, los integrantes deben estar encerrados en un hotel, con los gastos pagos, percibiendo además una compensación por los ingresos que han dejado de percibir. Se debe añadir la dificultad que supone el complejo proceso de selección, y los costos de repetir el juicio cuando no se alcanzan las mayorías requeridas para condenar o absolver "en nombre del pueblo".
En nuestra región son muchos los que ven con entusiasmo la inminente implementación en Neuquén del juicio por jurados y defienden la incorporación de esta figura en el nuevo Código Procesal Penal de Río Negro. Los argumentos que se han dado a favor del juicio por jurados son incontables, comenzando por el dudoso "es más difícil que se equivoquen 12 personas que una sola". Según estas opiniones, el jurado popular genera un sentimiento igualitario porque "disminuye la sensación de que el poder está alejado de la sociedad"; garantiza la publicidad, oralidad, celeridad e inmediación; debilita el corporativismo de los jueces; contribuye a disminuir el tecnicismo penal; legitima el sistema procesal penal; evita la presión sobre los jueces de los intereses políticos y económicos, etcétera.
Frente a esta catarata de emotivos argumentos que suelen culminar con una inapelable cita a Alexis de Tocqueville –"el juicio por jurados no sólo es el medio más enérgico de hacer reinar al pueblo sino también el medio más eficaz de enseñarle a reinar"– es difícil no sentirse conmovido. Siendo realistas, sería arduo intentar convencer a alguien ilusionado de las desventajas prácticas que tienen sus ideas.
Enlace: Versión On Line
Aleardo F. Laría
Es abogado, periodista y politólogo argentino, nacido en General Roca, provincia de Río Negro. Estudió abogacía en la Universidad de La Plata, donde fue uno de los fundadores de la FURN. En la provincia de Río Negro fue dirigente de la JP y militó en la denominada Tendencia Revolucionaria del peronismo. Ha sido abogado del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta y de otros sindicatos de Río Negro. En 1977 se exilió en España. Allí se desempeñó como abogado de la Unión General de Trabajadores de tendencia socialista. Fue uno de los fundadores de ATTAC España y tuvo una actuación destacada en las movilizaciones contra la guerra de Irak. Fue el abogado redactor de la querella criminal formulada contra el ex presidente Aznar y avalada con la firma de más de 1.800 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil española. Actualmente reparte su tiempo entre España y Argentina. Es columnista habitual en el diario “Rio Negro” y sus notas las distribuye la Agencia Diarios y Noticias entre medios de Buenos Aires (diario “Perfil”) y del interior de Argentina. Es autor del ensayo “Calidad institucional y presidencialismo. Los dos problemas no resueltos de Argentina” (Grupo Editorial Latinoamericano) y acaba de publicar en la misma editorial “El sistema parlamentario europeo. Ventajas del parlamentarismo”.
Publicación: rionegro.com.ar
10 de septiembre de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario