Preferiríamos ser juzgados por un tribunal profesional
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| Tomás Fernández Periodista |
Extractos:
El “caso Bretón” ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público la pertinencia del jurado, pese a estar claramente consagrada esta institución de nuestra justicia penal en el artículo 125 de la Constitución. Y probablemente el caso de este cordobés sobre el que pesan serias sospechas de haber hecho desaparecer con violencia a sus dos hijos es un ejemplo más que elocuente de lo que no debería llegar a un jurado popular.
El “caso Bretón” ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público la pertinencia del jurado, pese a estar claramente consagrada esta institución de nuestra justicia penal en el artículo 125 de la Constitución. Y probablemente el caso de este cordobés sobre el que pesan serias sospechas de haber hecho desaparecer con violencia a sus dos hijos es un ejemplo más que elocuente de lo que no debería llegar a un jurado popular.
Se trata de un caso mediático cien por cien. Un caso cuya instrucción la opinión pública ha podido seguir en vivo y a diario a lo largo de los dos últimos años. Una opinión pública que, por tanto, ya se ha hecho un pre-juicio a golpe de manifestación y tertulia mediática. Por tanto, y por mucho cuidado que se haya puesto en su selección, cuando los miembros del jurado tengan que emitir su veredicto, se corre el riesgo de que sean conscientes de que no juzgan a un procesado cuya inocencia se presume, sino a un condenado.
En consecuencia, llevar eventualmente la contraria a esa opinión pública, que ya ha sentenciado al procesado, habrá de resultar muy duro, tanto para jueces legos como para los profesionales, aunque a éstos, lógicamente, la técnica jurídica los inmuniza un poco más.
Para muchos, el caso quizás más sonado de esas influencias sobre un jurado haya sido el de Dolores Vázquez, condenada a quince años por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, tras años de juicio mediático, y luego exonerada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Después –eso sí– de diecisiete meses de injusta cárcel.
Así las cosas, no pocos se preguntan cuál es la razón última de esta institución. Según la ley que lo regula, la participación del ciudadano en la administración de justicia es una modalidad del ejercicio de su derecho-deber a colaborar en los asuntos públicos.
Pero, ¿por qué tiene que participar directamente el ciudadano en el ámbito judicial si no lo hace en otros?
Se ha hablado mucho de la función educativa y pedagógica que el trascendental momento de impartir justicia, de condenar o absolver, tiene para los ciudadanos no profesionalizados en la función judicial. Puede, por otra parte, que la institución haya jugado su papel o todavía lo juegue en países con una cultura, como la anglosajona, de intensa participación a nivel local, donde el jurado tiene un papel muy amplio en todo tipo de procedimientos.
Pero, ¿puede jugar un papel semejante en nuestro país? ¿No son las disfunciones más perniciosas que los escasos beneficios que se pudieran obtener? Creo además que muchos preferiríamos ser juzgados por un tribunal profesional. Entre otras cosas, porque tiene más probabilidades de pronunciar un veredicto justo.
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Tomás Fernández
Periodista
España
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Galicia - España
23 de junio de 2013
