2/4/18

Diana Cohen Agrest (Argentina)

Un sistema absolutamente perverso

Diana Cohen Agrest
Investigadora y experta en filosofía

Extractos:

El juicio por jurados está en la Constitución, es cierto. Pero la Constitución fue escrita en 1853 y fue copiada de la americana.

En Estados Unidos, sin embargo, se está revisando este sistema, porque es costoso, problemático y porque lleva a injusticias como estas: si un individuo es declarado inocente, la familia de la víctima no puede apelar; en cambio, si el acusado es declarado culpable, este sí puede hacerlo.

Eso provoca una asimetría y se viola la igualdad ante la ley. Aquel que transgredió la ley, además de la presunción de inocencia, tiene la prerrogativa de que, de ser declarado culpable, puede apelar. Es un sistema absolutamente perverso.


En la justicia estamos cautivos de una gran famiglia sobre la que no podemos hacer nada
Entrevista de Jorge Fernández Díaz

Diana Cohen Agrest (Buenos Aires Argentina, 1954)
Ensayista, divulgadora e investigadora argentina especializada en ética y en derechos de las víctimas. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Bioética por el Centre for Human Bioethics de la Universidad de Monash de Australia. Desde 1983 se desempeña como docente e investigadora en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y como directora del área de Bioética de la Universidad Isalud. Es fundadora y directora de la Asociación Civil "Usina de Justicia". Autora del libro Ausencia perpetua. Inseguridad y trampas de la (in)justicia (Buenos Aires, Random House Mondadori, 2013).

Cienradios
2 de abril de 2018

6/2/18

Dr. Juan Pablo Fernández (Argentina)

La decisión del jurado puede ser arbitraria

Dr. Juan Pablo Fernández
Fiscal General en Bahía Blanca
Argentina

Extractos:

Lo aseguró el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, al cumplirse tres años de la implementación de ese mecanismo en la provincia de Buenos Aires.

Fernández accedió a dialogar con radio Chubut para dar su punto de vista sobre el sistema que se pretende implementar en esta provincia y que ya despertó una fuerte polémica.

Entre sus cuestionamientos, Fernández aseguró que la resolución de culpabilidad o inocencia en el juicio por jurados en su provincia no exige que esté fundado, por lo que es imposible recurrir la sentencia al no existir argumentos del fallo a los que hay que atacar, en uno u otro sentido.

Cuestionó la idea de que el juicio por jurados “democratiza” la justicia, porque lo que se debe procurar es llegar a la verdad y no a la decisión por mayoría que suena muy democrático pero también puede ser arbitraria.

Recordó que los casos que atiende el sistema de juicio por jurados son los referentes a delitos con penas que superan los 15 años, es decir homicidios o crímenes muy graves.

“No podría ser de otra manera porque el sistema es complejo como para atender todos los tipos penales” reconoció Fernández.

De paso cuestionó que sólo el 3% de esos casos de delitos graves llegan a ventilarse a través de juicio por jurados, ya que eso depende del imputado y su defensa si quieren o no acceder a ese mecanismo y la mayoría lo rechaza.

Otro de los aspectos que surgieron como negativos en estos tres años de puesta en funcionamiento fue la dificultad para constituir el jurado, a pesar de tratarse de una carga pública por la cual los ciudadanos empadronados en condiciones de actuar deben dejar por cuatro días todas sus obligaciones y abocarse al juicio.

Para Fernández, existe una profusa propaganda del juicio por jurado promovida por los militantes de la dogmática penal negatoria de las penas, pero hay otras intenciones no ideológicas que tienen que ver con los beneficios económicos que reportan la preparación en cursos, seminarios y bibliografía.

No faltó un dato de color en el relato del fiscal general de Bahía Blanca, quien reveló que no fueron pocos los abogados que recurrieron a actores para que los preparen en técnicas histriónicas para impactar mejor en la opinión de los jurados.


Dr. Juan Pablo Fernández
Fiscal General de Bahía Blanca
República Argentina

LU 20 Radio Chubut - AM 580
6 de febrero de 2018

29/1/18

Dr. Juan Pablo Fernández (Argentina)

El juicio por jurados es contrario al sistema republicano

Dr. Juan Pablo Fernández
Fiscal General - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
Argentina

Extractos:

La implementación del sistema no implicó un avance en busca de justicia, sino todo lo contrario. Los juicios por jurados, como están reglamentados en la provincia de Buenos Aires, no son lo mejor ni mejoran el sistema. Se ha incorporado una institución que si bien está prevista por la constitución nacional, no se ha hecho un esfuerzo por compatibilizarla con otras normas que también se encuentran en ella y que constituyen derechos y garantías.

La falta de fundamentación de lo que resuelve el jurado, ya que el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad carece de motivación alguna, lo que es contrario al régimen republicano de gobierno e impide la revisión del itinerario lógico seguido en la resolución, lo que también constituyen garantías constitucionales. El imputado y la victima tienen derecho a saber porqué se declara culpable o no culpable a una persona y eso no se cumple en la provincia de Buenos Aires. Así, lo decidido es absolutamente arbitrario y eso no es compatible con la Constitución.

El análisis tiene que ir más allá del número de condenas o absoluciones. Quien analiza esto solamente y pretende extraer conclusiones, en realidad, está haciendo propaganda. Para saber si sirve o no para mejorar las resoluciones tendríamos que tener motivaciones en torno a porqué se toman las decisiones que se toman, tanto para la culpabilidad como para absolver. Si no conocemos esas razones, no podemos saber si el sistema es bueno o malo.

Los juicios deben fundarse en la razón y no sólo en el número. Esto último podrá ser democrático, pero no indica que una mayoría tenga la razón en la decisión per se, ya que a lo mejor la puede tener la minoría. La conformación de una mayoría nada dice sobre la razonabilidad de la resolución. La razonabilidad te la dan, como no puede ser de otra manera, las razones, pero acá no están.

Hay grandes mitos que, en realidad, han sido construidos para poder “vender” un poco mejor esta herramienta. No estoy en contra de la participación popular en la construcción de las decisiones judiciales, aunque sí creo que el sistema que ha diseñado la provincia, tal como está, no es bueno y puede ser mejorado. 

Un sistema de jurados debe compatibilizar no sólo la manda constitucional de establecerlos, sino las demás mandas, como tener sentencias fundadas, no arbitrarias y que, incluso, permitan ser revisadas por organismos superiores de un modo amplio. Sí es compatible con la constitución un sistema como el cordobés, donde participan jueces letrados, los veredictos se fundan y la cuestión es muy distinta.

No están contemplados los derechos de las víctimas. Se las desatiende en aras de amparar al imputado frente al Estado, porque no tienen posibilidad de recurrir frente a un veredicto de no culpabilidad arbitrario e intrínsecamente injusto. Hay muchas cosas para mejorar en la provincia y a eso apunta mi crítica.

Tal como está organizado en la provincia, el sistema “tampoco es democrático. Por ejemplo, una minoría de 4 jurados por la no culpabilidad impone su decisión a una mayoría de 8 que se inclinaron por la culpabilidad. Entonces no se puede hablar allí de que el veredicto es democrático cuando se permite que una minoría, es decir un tercio, le imponga su voluntad a una mayoría que representa dos tercios. Esto incluso contraría normas constitucionales de la provincia que dicen que las resoluciones deben adoptarse por mayoría.

Los juicios no deben ser democráticos, deben ser justos y razonables. Y esto es lo importante. En realidad no sabemos si los juicios por jurados son justos o no, porque no dan razones. Cuando no se dan las razones de la decisión, sólo queda creer en ella como una cuestión de fe. Eso no resiste un análisis lógico, ni puede constituir un avance en el modo de resolución de los casos penales.

Creo que es inevitable una reforma legal del juicio por jurados. Hay cosas que están mal y otras que deben mejorarse dentro de un instituto en el cual se haga participar en las decisiones judiciales a la gente no letrada. Es positivo que participen, pero el tema es cómo lo hacen. No se trata de excluir la participación popular, por el contrario, creo que es importante que la gente conozca cómo se trabaja, pero debemos armonizarlo también con otros valores constitucionales, otros principios, derechos y garantías, y también con nuestro derecho penal.


Juicio por jurados: balance, opiniones y diferencias
Sección Ciudad

La Nueva - La Nueva Provincia
Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
Argentina
29 de enero de 2018

13/11/17

Jorge H. Sarmiento García (Argentina)

El juicio por jurados no es el remedio

Dr. Jorge Sarmiento García
Abogado y docente administrativista

Extractos:

Sigue propiciándose, especialmente en materia penal, el juicio por jurados compuesto por individuos que ni conocen las leyes, ni están obligados a responder de sus actos, tratándose por ende de una manera muy imperfecta de administrar justicia.

Se debe encomendar la administración de justicia a personas sabias e íntegras, que estén convenientemente retribuidas, sean inamovibles y juzguen según las leyes. Si aquellos a quienes se encomienda el cargo de juez no conocen las ciencias jurídicas, han de dar muchos fallos equivocados, con daño de los interesados.

Además, si los jueces no son responsables de sus actos, están expuestos a proceder por arbitrariedad en sus decisiones y a cometer injusticias sin temor de ser castigados. Consecuentemente, para coadyuvar a que sean íntegros y justos, deben estar obligados a responder de sus resoluciones, debiendo ser sancionados por el mal desempeño de su cargo.

Cierto es que los miembros del jurado, a quienes no se exige —reiteramos— ni conocimiento del derecho ni responsabilidad de sus acciones, no juzgan sino sobre el “hecho”, dejando la cuestión de “derecho” para el magistrado que debe entender en ella; mas esto no desvirtúa la precedente aseveración, por las siguientes razones:

a) Porque lo que es propiamente difícil en las causas criminales, es ventilar la cuestión del hecho, sobre si el tal individuo cometió tal delito o no, sobre si obró como verdadero homicida o ejecutó una acción de otra especie, etc.; y esta cuestión es la que se deja precisamente al juicio de las personas del pueblo.

b) Porque este juicio lo deben dar sin responsabilidad alguna, lo cual se presta a abusos enormes.

c) Porque la opinión de los medios y del público que asiste a los debates, fácilmente puede inclinar a la absolución del culpable o a que se dé por libres a los malhechores y viva apestada de ellos la sociedad.

No creemos, entonces, que el juicio por jurados sea el remedio para los malos jueces.


Dr. Jorge Sarmiento García
Abogado y docente administrativista

DPI Cuántico
13 de noviembre de 2017

21/10/17

Diana Cohen Agrest (Argentina)

Son los conejillos de Indias

Diana Cohen Agrest
Titular de Usina de Justicia

Reportaje:

- ¿Cómo observa la práctica de juicios por jurados que se lleva adelante en provincias como Buenos Aires? ¿Cree que han sido un acierto? 

- Nuestra Constitución se inspiró en la de los Estados Unidos, donde la costumbre es la fuente del derecho, a diferencia de la Argentina, donde la ley penal está codificada. Es deudora, por tanto, de una tradición jurisprudencial y de una idiosincrasia tan distante de la nuestra que no se miden los riesgos de semejante imprudencia jurídica. Su implementación cuenta con precedentes locales: el sistema adoptado en Córdoba es el escabinado, donde un tribunal compuesto tanto por jueces profesionales como por ciudadanos legos enjuician y sentencian por mayoría. En cambio, el sistema adoptado en la provincia de Buenos Aires es el anglosajón, cuyos tribunales están integrados por un jurado de doce ciudadanos legos que declararán al acusado culpable o inocente, mientras que un solo juez técnico determinará o bien la escala penal ―quince años o más o bien la absolución, según fuere el veredicto emitido por el jurado de legos. Personalmente, creo que todavía no podemos afirmar si fue o no un acierto, sería una apreciación prematura. Para evaluar la precisión estadística de las condenas y las declaraciones de inocencia, se debería contar con los datos del tipo de delito juzgado. Seguramente, por la presión social, los femicidios o violaciones seguidas de muerte son condenados... y de ser ese el caso, el tipo de delito sesga los resultados del estudio.

- ¿Cuáles son para usted las ventajas y desventajas de estos juicios?

- Las desventajas son muchas: Un jurado inexperto es una promesa utópica: el juez se verá forzado a construir un artificioso formato lógico y legal para fundamentar un veredicto que carece de razón suficiente, ensayando malabares conceptuales cuyo resultado serán razones argumentativas que, presuntamente, respaldarán las "íntimas convicciones", opiniones emotivas sin sustento racional de los jurados. El sistema, pues, colisiona con el mandato constitucional de fundamentar las sentencias. Cabe preguntarse, ¿acaso son rebatibles las "íntimas convicciones"? ¿Y qué queda del requisito de índole constitucional de fundamentar la sentencia penal, en manos de un jurado sin conocimientos jurídicos y, para peor, probablemente influido por las amenazas, el temor y el soborno de los familiares, cuando no de la banda del imputado? ¿Acaso no es dudosa su efectividad en la investigación de casos criminales

- ¿Cómo queda la víctima en esta situación? ¿Está mas protegida?

- El imputado puede optar si se va a acoger al juicio por jurados técnicos o al juicio por jurados compuestos legos. Pero no es la única prerrogativa que se le concede al imputado: en una notoria muestra de asimetría recursiva, si el jurado dice que el acusado es inocente, la sentencia no puede ser apelada por la víctima. Si el jurado dice, en cambio, que el acusado es culpable, éste puede apelar. Con la absolución, se termina el juicio. En caso de desacuerdo entre los miembros del jurado, o bien se planteará la inocencia del imputado o bien se declarará estancado el debate, disolviéndose el jurado original y convocándose un nuevo jurado, situación altamente improbable en un sistema judicial desbordado de causas y recortado en sus recursos financieros. Otro interrogante es la seguridad de los miembros del jurado. Aún cuando se afirme que si hay un caso donde un jurado se sienta amenazado, el Estado va a intervenir, esta afirmación resulta cuanto menos ingenua: si no hay protección para los testigos, quienes deben emigrar cuando no son "desaparecidos", menos habrá para los jurados legos

- ¿Y que pasa con los jueces? ¿Pierden valor sus apreciaciones? ¿Están más limitados?

- Con este injerto, la responsabilidad judicial es desplazada de quienes han sido nombrados y rentados con el erario al ciudadano común. El juicio por jurados violenta el principio republicano representativo. La participación de los ciudadanos legos contradice lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución, que estipula que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y no están sujetos a ningún sistema de responsabilidad por los actos que realicen. El sistema está pensado para favorecer al imputado, pero, fundamentalmente, para proteger la seguridad de los jueces a costa de sus representados. En su origen concebido como una garantía contra la prerrogativa real de hacer justicia propia del absolutismo monárquico, la imposición de esta carga pública irrecusable contradice con la proclamada política gubernamental de ampliación de derechos. Y cuando se asegura que este cambio jurídico elimina el monopolio de los jueces en aras de la "democratización de la justicia", se invierte una vez más el orden de las responsabilidades: los ciudadanos no son participantes, son los conejillos de Indias de los que se vale la corporación judicial para no correr riesgos.


Diana Cohen Agrest
Filósofa - Titular de la Asociación Usina de Justicia

Son los conejillos de Indias
Reportaje

Diario La Prensa
22 de octubre de 2017

22/9/17

Dr. Mauricio Del Cero (Argentina)

La víctima tiene que exponer su intimidad frente a un montón de desconocidos

Dr. Mauricio Del Cero
Fiscal de juicio en Bahía Blanca
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Extractos:

Nos opusimos en todo momento a que esta causa se resuelva bajo la modalidad juicio por jurados. No porque crea que no tengan la capacidad suficiente, si no por la víctima y su entorno, quienes deben exponer situaciones íntimas y humillantes delante de un montón de personas, que no es lo mismo que hacerlo ante un tribunal letrado, con mucha experiencia en ese tipo de casos.

El jurado vio la Cámara Gesell, que es una herramienta que permite que los menores no sean molestados ni interrumpidos mientras realizan su relato. En este caso no solamente se les proyectó el video al jurado, si no que todo el entorno familiar debió declarar.

Fue muy duro escuchar a una nena hablar de los abusos que sufrió delante de desconocidos. Son delitos de acción privada, por lo que deberían manejarse de otra manera.


Dr. Mauricio Del Cero
Fiscal en Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Fue muy duro escuchar a una nena hablar de abusos delante de desconocidos
Opinión

La Brújula 24
22 de septiembre de 2017

Dra. Nora Lanfranqui (Argentina)

La ciudadanía no está preparada

Dra. Nora Lanfranqui
Abogada penalista
Paraná - Entre Ríos
Argentina

Extractos:

No comparto la idea del Juicio por Jurado, porque creo que la ciudadanía no está preparada

En Estados Unidos, al ver los jurados, si se trata de un negro, la mayoría son negros, y si es un profesional, se busca que sean pares. 

Aquí, en este bendito país, las cárceles están llenas de emergentes sociales. Por eso me pregunto quiénes van a conformar el jurado. Tienen que tener medianamente el mismo nivel, para tener una idea del por qué se llega a veces a cometer un ilícito. 

Por eso, vuelvo a preguntar cómo van a elegir los jurados. Además, tanto la querella, como la Fiscalía, van a entrar a recusar a los jurados. ¿Cómo vamos a hacer? Creo, con toda honestidad, que nuestra argentinidad no ha logrado salir o ubicarse en ciertos niveles como para que se pueda ejercer el juicio por jurados. 

Por eso, me atrevería a decir que no estamos lo suficientemente maduros para instituir este sistemaHay otras deudas que saldar primero. Y en general, no sólo la Justicia. El Estado tiene que hacer funcionar un montón de resortes.


Dra. Nora Lanfranqui
Abogada penalista en Paraná, Pcia. de Entre Ríos, Argentina

Hoy la Justicia está en tela de juicio
Reportaje

Radio La Voz
22 de septiembre de 2017

12/9/17

Dr. Leopoldo Lambruschini (Argentina)

El juicio por jurados se contrapone con el programa constitucional republicano

Dr. Leopoldo Lambruschini
Abogado especializado en derecho penal

Extractos:

Recientemente el gobernador de la provincia de Entre Ríos, a instancias del Colegio de Abogados —Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal—, ha puesto en debate la instauración del Juicio por Jurados en la provincia. 

La propuesta no es novedosa como tampoco lo es el abordaje teórico de la cuestión.

Los argumentos —más usuales— invocados en favor del Juicio por Jurados son básicamente dos: que el mismo se encuentra previsto en la Constitución Nacional —ya desde 1853— y que éste posibilita la participación ciudadana en las decisiones jurisdiccionales, como parte de un denominado proceso de “democratización de la justicia”.

En efecto, nuestra Constitución Nacional prevé el Juicio por Jurados en los artículos 24, 75 inc. 12 y 118. Se sostiene, sobre dicha base, que la Ley Fundamental adhiere a un modelo concreto de enjuiciamiento penal.

Sin pretender ahondar aquí sobre los fundamentos histórico-políticos del instituto —su carácter pre-moderno—, lo cierto es que este fundamento, de derecho positivo positivista, en nada prejuzga sobre su legitimación material.

Por lo demás, el mismo debe ser relativizado conforme al texto de la Constitución actual —Ley Nº 24.430—. En efecto, el llamado doble conforme, cuya consagración constitucional se encuentra en el art. 75 inc. 22 (Convención Americana Sobre Derechos Humanos —Pacto San José De Costa Rica— Art. 8, N° 2 H y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, N° 5), como es sabido, garantiza la revisión “integral” de la sentencia condenatoria por un tribunal superior.

Esta —igualmente— manda constitucional, resulta incompatible con el juicio por jurados —al menos el que es integrado por ciudadanos legos—, en tanto su decisión se toma sobre la base de íntimas convicciones, esto es, sin fundamentación alguna. No habiendo fundamentos de la decisión judicial, su control o revisión resulta de cumplimiento imposible.

Por lo demás existen otras normas constitucionales que podrían entrar en tensión con el instituto del Juicio por Jurados, las cuales no pueden ser abordadas in extenso, vg. Artículos 108, 110, 111 relativos a la organización del poder judicial y particularmente a la CSJN; arts. 99, inc. 4°, y 75, inc. 20 relativos a los tribunales técnicos permanentes, artículos 116 y 117 relativos a las funciones de tribunal de alzada en materia federal que tiene la CSJN —lo que implica una revisión de las decisiones jurisdiccionales, no susceptibles de ser realizadas en casos de ausencia de fundamentación—. En suma, el argumento positivista de la manda constitucional es, al menos, opinable.

Como segundo argumento para propugnar el Juicio por Jurados, se recurre a la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones jurisdiccionales, a la denominada “democratización de la justicia”, como así también al principio de la soberanía popular.

En esta segunda línea de ideas se objeta que el Poder Judicial es el único no-democrático y que, con los jurados, este poder del Estado se democratizaría o se encaminaría a ello. El principio de soberanía popular se conectaría con la idea de un juicio llevado adelante por “pares” o “iguales” (jurados) los que representarían la idiosincrasia de la mayoría (“criterio valorativo práctico de la comunidad a la que pertenece”), la cual sería base para la toma de decisión. De este modo la decisión judicial sería un fenómeno de voluntad —mayoritaria— y no de la Razón (práctica).

La mentada democratización soslaya, a nuestro criterio, el programa constitucional diseñado desde el art. 1 de nuestra Carta Magna. En efecto, el Estado argentino, si bien es un Estado democrático, es a la vez un Estado Constitucional de Derecho, cualidades que no necesariamente deben darse conjuntamente. Adopta para su gobierno la forma republicana y con ello, la división de poderes como sistema.

Esta organización de los poderes del Estado, esta sistematización política de gobierno le asigna al Poder Judicial (contrariamente a lo que sucede con los otros poderes del Estado, sometidos a la regla de la mayoría) una función deliberadamente contra-mayoritaria y lógicamente no sometida a la citada regla. Es que el Poder Judicial tiene como uno de sus objetivos primordiales velar por la defensa de los derechos de las minorías; en otras palabras, hay cuestiones que no pueden decidirse por mayoría, vg. Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, dignidad de la persona, etcétaera.

Por lo demás, esta argumentación soslaya que la legitimidad democrática no deriva exclusivamente de la mentada regla como recordara recientemente nuestra CSJN: “El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección”.

“El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa. En la Asamblea Constituyente de 1853/60 expresamente se decidió que los jueces fueran elegidos por el pueblo pero en forma indirecta, al ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Este esquema fue ratificado por la reforma de 1994. Se mantuvo el sistema de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son nombrados por el Poder Ejecutivo “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Por su parte, los jueces de los tribunales federales inferiores son nombrados por el Poder Ejecutivo “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos (artículo 99, inc. 4)”.

En resumen, el principio de la soberanía popular ínsito en la denominada “democratización de la justicia”, entendido como fundamento para la aplicación de la regla de la mayoría en la resolución de causas judiciales penales, se contrapone con el programa constitucional republicano en que se basa el Estado de Derecho Argentino.

Finalmente, dejar librado al criterio valorativo práctico de un sujeto inserto en comunidad la decisión de aplicar una pena, importa de facto dejar de lado cualquier consideración científica sobre la decisión judicial. Ésta es la principal objeción en relación al Juicio por Jurados: el renunciamiento a un análisis científico del derecho y a su dimensión práctica (cuya tesis no podemos aquí más que enunciar).

En efecto, el Derecho Penal como disciplina científica, en sus más de 200 años de existencia, ha construido un refinado sistema de imputación —método científico para determinar si una conducta es presupuesto de aplicación de la pena— con el objeto de traer racionalidad (inmediatamente) e igualdad (mediatamente) en la aplicación del Derecho Penal.

Es un imperativo de la modernidad y del liberalismo que la decisión judicial sea una derivación de la Razón.


Dr. Leopoldo L. F. Lambruschini
Abogado egresado de la UBA, especializado en Derecho Penal

Un aporte al debate sobre el Juicio por Jurados
Columna de opinión

Paraná - Entre Ríos
Argentina

Análisis Digital
12 de septiembre de 2017

11/9/17

Dr. Leandro Ríos (Argentina)

El juicio por jurados en fricción con la república

Dr. Leandro Ríos
Juez federal de Paraná

Extractos:

Los objetos padecen el tiempo, mientras que los conceptos tienen historia, pues nacen, se desarrollan y quizás dejan de ser usados en su significación original.

El concepto de "ciudadanía", entendido como "el derecho a tener derecho" (Hannah Arendt), reconoce como fecha de parto a las revoluciones burguesas de 1776 y 1789, cuando en occidente se inició el proceso de abolición del vasallaje y, a medida que la ciencia del derecho (penal) se desarrollaba, ya no sería necesaria la "garantía" de contar con jueces "pares" nobles, clérigos o plebeyos, pues respecto del ciudadano no se puede argumentar por su condición estamental, sino solamente sobre su capacidad y mérito.

El concepto de "Estado Constitucional de Derecho" fue parido en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos luego de las tragedias totalitarias y, desde entonces, la humanidad mediante la ciencia del derecho conoce dos diferencias esenciales: "democracia / república" y "constitución / ley". La primera fija la franja entre lo decidible por mayoría ("democracia") de aquello que jamás puede ser decidido ("republica liberal") o jamás puede dejar de ser decido ("república social"), ni siquiera por el poder más legítimo que nos imaginemos.

Esta tensión entre "democracia" y "república" es irreductible y constitutiva del "Estado Constitucional de Derecho". La segunda distinción nos disuelve la mecánica visión de creer que la Constitución es una ley suprema, pero ley al fin. La Constitución, a diferencia de la ley, no es válida o inválida sino validante, no está fundada sino que fundamenta otras normas (ley y sentencia), pues del mismo modo que la sintaxis posibilita la construcción de sentido en el lenguaje, la programación constitucional no significa por sí misma sino que habilita la significación en todo el orden jurídico.

Quizás la tesis más cara del iusgaranstismo sea aquella que afirma que la "Constitución" no es sólo la norma superior que regula las relaciones de competencia y procedimiento entre los poderes del Estado, sino que al hacerlo estatuye un conjunto de derechos sobre los cuales los poderes superiores del Estado no pueden decidir (derechos liberales de vida y libertad) o no pueden dejar de decidir (derechos sociales de igualdad como equiparación y de fraternidad como solidaridad). Por decirlo con un texto histórico: "Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución" (artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789).

A la luz de estos "logros evolutivos", el juicio por jurado popular, en el que ciudadanos legos decidan enjaular a otros ciudadanos, reaparece como una institución estamental friccionando con dos conceptos modernos: "ciudadanía" y "república", bajo la desconfianza o desencanto del estatuto epistemológico de la ciencia jurídico-penal y su desarrollo en algo más de dos siglos.

El poder contra-mayoritario de los jueces fue diseñado precisamente para limitar cualquier poder, aún el más democrático y legítimo, dado que para el genuino iusgarantismo el derecho no es poder, sino su límite. Pulsar por la "democratización" de las decisiones judiciales implica olvidar que los "derechos fundamentales", como universales que son, deben estar sustraídos del poder de las mayorías, pues esa fue y sigue siendo la eficaz tecnología inventada hace menos de 70 años por el "Estado Constitucional de Derecho" que asegura la limitación del poder punitivo confiada no ya a los jueces juristas –de carne y hueso–, sino a la "función judicial" asistida por la ciencia del derecho penal.

La actual y constatable distancia entre la teoría y la praxis, entre la ciencia y los tribunales, alienta remembranzas y ensoñaciones premodernas, al tiempo que nos aleja de la "constitucionalización" del poder judicial.


Dr. Leandro Ríos
Juez federal de Paraná
Profesor adjunto ordinario de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Uno Entre Ríos
11 de septiembre de 2017

12/8/17

Dr. Luis López Salaberry (Argentina)

Peor el remedio que la enfermedad

Dr. Luis López Salaberry
Abogado trelewense

Extractos:

A partir de existir en estado parlamentario el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta modificar el Código Procesal en Materia Penal con la introducción obligatoria para el imputado de tener un juicio por jurados, en ciertos delitos, se están desplegando estrategias con las que cuentan algunas instituciones y personas.

Lo que pretenden, evidentemente, es introducir metodologías que nada tiene que ver con nuestra historia y cultura jurídica. Esta táctica, que en sí misma nada tiene de perniciosa, cuando se la analiza en profundidad adquiere características que merecen una reflexión profunda, por cuanto el tema se las trae.

Hoy la cuestión no está dirigida a entender si en verdad los argentinos necesitamos un cambio cultural, yo creo que sí, pero este debería ser producto de una elaboración nacional y no precisamente impuesto por historias, antecedentes y realidades totalmente diferentes. Sería como querer imponer el sistema de salud pública norteamericano frente a las virtudes del nuestro. Seguramente los norteamericanos no invitarían al Congreso a expertos argentinos para que expliquen nuestro propio sistema que, si bien merece correcciones, implica una mayor justicia para la atención de la salud de la población.

Pero retornemos a los jurados. En una provincia donde existe un déficit mayor a los 3.000 millones de pesos anuales y donde el sistema acusatorio y adversarial requiere de elaboración, y una mayor coherencia entre la práctica y la teoría, sostener que la Provincia del Chubut tiene las condiciones ideales, es una verdadera falacia.

Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales adhieran a una eventual modificación del paradigma; que el Colegio de Abogados de Trelew haga lo propio, sin haber discutido en una asamblea extraordinaria la postura, da la sensación que existe más una subordinación al Poder Ejecutivo que una libre determinación.

Jaqueado el sistema por una cuestión presupuestaria pretendemos aumentar el déficit con la aplicación de un sistema inviable. Insisto, no estoy analizando sus características internas, de la que hay mucho que decir. Solo estoy haciendo un comentario refutando aquella que «estamos ante una situación ideal».

Ni que hablar de las cuestiones edilicias. Este que es todo un tema los norteamericanos lo tienen bien resuelto. Sólo es necesario trasladarse hasta los tribunales civiles o criminales del país del norte para poder apreciar los ámbitos de discusión. No existe en nuestra provincia nada parecido y mucho menos en la Provincia de Buenos Aires.

¿Alguien puede sostener que la Provincia tiene la infraestructura adecuada? ¿O, en todo caso, el presupuesto para las modificaciones? ¿O creemos que subiendo la tasa judicial, que de por si ya es un despropósito porque inhabilita a muchos para acceder al sistema, podremos otorgar la solución?

En definitiva serán los representantes del pueblo los que deberán decidir pero aquellos que estén convencidos que se mejorará la administración de justicia, deberán obligatoriamente hacer una lectura a fondo de la Constitución Provincial, la que no solamente utiliza la frase sino que en varios de sus artículos respeta los derechos de las víctimas y obliga a los funcionarios judiciales a motivar sus resoluciones y sentencias. Hoy la sana crítica racional no puede de buenas a primeras ser modificada por las libres convicciones. Diría un sociólogo moderno: «Dentro de la ética entendida como responsabilidad».


Dr. Luis López Salaberry
El ex secretario de Educación del Chubut y abogado trelewense.

Peor el remedio que la enfermedad
Opinión

El Chubut
Trelew - Rawson - Puerto Madryn - Esquel
Provincia de Chubut - Argentina
12 de agosto de 2017