Dr. Cosme Beccar Varela (Argentina)

El juicio por jurados no sirve

 

Dr. Cosme Beccar Varela

 

Extractos:

 

En el mundo el uso del juicio por jurados es limitado. La Revolución Francesa inició el juicio por jurados en la Europa continental y de allí se difundió a otros países que se guían por el sistema de ley codificada, pero sólo para juicios en lo criminal. En el siglo XX el juicio por jurados ha sido abandonado o eliminado en la mayor parte de los países de ley codificada. El juicio por jurados sobrevive primariamente en los países de common-law, sobre todo en los EE.UU. Pero aún allí y en Inglaterra, el juicio por jurados ha declinado en favor del juicio por juez.

 

Numerosos críticos urgen la reducción o la eliminación del juicio por jurados por ser un método para resolver asuntos legales poco profesional (amateurish) e ineficiente (The juror´s website, publicado por  The Jury Research Institute). Este informe del Jury Research Institute publicado en Internet es un buen resumen del estado actual del debate en torno al juicio por jurados. En síntesis, los países que aún lo aplican, han caído en la cuenta que el sistema ya no es confiable y han empezado a abandonarlo.

Tony Blair, primer ministro inglés, propuso su eliminación en el año 2000 para una serie de delitos alegando que los jurados son "suaves" con los criminales y que "el dinero que hoy se gasta en esos juicios es un lujo que se les regala y podría ser mejor usado si se contratara un mayor número de policías" (World Socialist Web Site). Los socialistas atacan a Blair por ese proyecto que, finalmente, no fué aprobado en el Parlamento.

Las citas transcriptas revelan que el juicio por jurados está muy lejos de ser la panacea para combatir el delito. Y está más lejos todavía de ser una garantía de imparcialidad. Por el contrario, en la era de la televisión y de la influencia de los medios masivos de comunicación, el juicio por jurados presenta problemas que me parecen insolubles.

1) ¿Qué ciudadanos serán elegidos para integrar un jurado? Si aplicaramos la lógica democrática de igualdad entre todos ellos, podría ser cualquier persona y resultaría de un sorteo sobre los nombres del padrón.

¡Guay de quien dijera que una persona de escasa preparación intelectual no puede ser jurado! Sería tachado de "elitista", "discriminador" y otras lindezas por el estilo. En principio, pues, la designación como jurado puede recaer en una persona que ignore los rudimentos más elementales de lo que es la ley o el principio de inocencia, el derecho de defensa, la sana crítica de las pruebas alegadas, etc. Y suponiendo que tuviera esas nociones, puede ocurrir que tenga prejuicios falsos sobre todas esas cosas derivados de alguna militancia ideológica.

Podría ocurrir que el jurado estuviera compuesto por ciudadanos que tengan esos defectos. En ese caso su imparcialidad sería más que dudosa. Podrían ser benévolos en exceso con un acusado de la "villa 31", por ejemplo, y duros en exceso con una acusado de buena posición económica o de una familia conocida o viceversa. Y en muchos casos, sin ser parciales, podrían cometer injusticias por simple ignorancia del concepto de "culpabilidad" o por no ser capaces de entender el valor de las pruebas rendidas o el significado de la falta de pruebas.

2) Suponiendo que pudiera elegirse un jurado que no tuviera ninguno de esos defectos, todavía hay una circunstancia que puede destruir la imparcialidad del jurado: los medios de difusión. Especialmente en los casos de gran resonancia, es notorio que la prensa se inmiscuye en los procesos exigiendo la condena o la absolución del acusado y no por los méritos de la causa sino por simpatía u odio ideológico, por interés comercial (obtener más difusión y con eso mayores ganancias) o por decisión de partido.

Los jurados ven televisión, oyen radio, leen diarios, ¿cómo evitar que se dejen guiar por ellos? Si el acusado es politically correct, la presión para que sea absuelto será enorme. Si ha incurrido en el odio de la prensa, los esfuerzos que haga la defensa para salvarlo serán inútiles. Todo el proceso pasará a ser una farsa.

Es cierto que los jueces también, y muy lamentablemente, están sometidos a la misma presión. Pero al menos un juez letrado, supuestamente está más preparado para juzgar con imparcialidad. Muchas veces eso no ocurre y es muy de lamentar si se dejan influir por la prensa. Baste ver la presión a la que está sometido el Juez Barroetaveña para que condene, con razón o sin ella, al marido de la pobre María Marta García Belsunce...

Lo mismo ocurre si el poder político está interesado en una condena o en una absolución. El jurado, simple ciudadano inerme, es sumamente "presionable". El juez también lo es, pero otra vez digo que está mejor preparado, si es un buen juez, para resistir esas presiones.

Si lo que se desea es combatir el delito, como bien dice el artículo sobre el caso inglés citado más arriba, en vez de gastar plata (¡y en gran cantidad!) para montar el sistema de jurados, novedad absoluta en la Argentina, debe usársela para reforzar la policía, designar buenos jueces, pagarles debidamente y dotar de medios eficaces a los Juzgados para que puedan funcionar mejor. Los Juzgados en este momento, están atiborrados de trabajo y sus recursos son escasos sino ridículos. Y la policía está siendo desmantelada y desalentada por el poder político. Esto debe cesar si es que de verdad se quiere combatir la delincuencia.

 

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Blog "La botella al mar" del Dr. Cosme Beccar Varela

12 de agosto de 2004

Dr. Alfredo J. Gascón Cotti (Argentina)

Juicio por jurados: riesgoso retroceso

Dr. Alfredo J. Gascón Cotti

Extractos:

Suele decirse por los sostenedores del sistema, que el juicio por jurados legos posibilita una mayor participación social en la administración de justicia. Esta afirmación se sustenta en un prejuicio corporativo, que desconoce que la sociedad, al ritmo en que va conformando a través de la legislación su estructura jurídica, provoca el entrenamiento metódico de los agentes del sistema, conformando un cuerpo profesional o plétora, que no es extraño ni marginal a la sociedad, sino miembro vocacionalmente integrado a su ejercicio. La sociedad masivamente considerada responde emocionalmente ante los casos impactantes, pero no tiene en lo concreto una definición participativa relevante. Basta recordar la dificultad para obtener testigos ante hechos delictuosos o autoridades de mesas electorales. El interés público no es por lo común preponderante al momento de asumir cargas personales.

El juicio por jurados atenta contra el principio de legalidad en materia procesal. El fallo del jurado resuelve una alternativa (culpabilidad o inocencia) pero no fundamenta las razones de su opción. Esta metodología dificulta la revisión y deja neutralizada la sanción de arbitrariedad o absurdo. En cambio, la paciente elaboración de tales pautas de juzgamiento provee al sistema judicial vigente de una firme plataforma de control y hasta autodepuración eficaz, cualidad que permite detectar excepcionales desvaríos.

La implantación del juicio por jurados no consistiría en una reforma sino en una sustitución, de cuyos resultados no puede anticiparse con grado suficiente un mejoramiento sustancial que la justifique. Sería largo enumerar las dificultades concretas de instalación del sistema, desde las pautas de juzgamiento de quienes carecen de una formación metódica sobre conceptos elementales como las presunciones y los indicios, la imputabilidad, la culpabilidad, el dolo y la culpa, la preterintencionalidad, la causalidad, temas todos ellos larga y trabajosamente reflexionados para incorporarse como datos inexcusables en la función del juzgamiento. Desaparecerían las razones de la defensa técnica, exigencia pretora inserta en la garantía constitucional de la defensa en juicio y en su regulación procesal. Cobraría impulso la teatralidad inductiva de lo emocional, en desmedro de la racionalidad motivadora de la convicción fundada.

El sistema republicano de gobierno necesita un poder judicial sólido y eficaz, como instrumento de la seguridad jurídica. La plétora profesional es el sector de la sociedad capacitado por las universidades para el ejercicio de las distintas funciones que requiere el sistema. La desprofesionalización del régimen de juzgamiento penal implicaría un riesgoso retroceso hacia la justicia anómica, sujeta a impredecibles riesgos de parcialidad o ignorancia, con sus previsibles y alarmantes consecuencias.

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Dr. Alfredo J. Gascón Cotti

Abogado

Diario El Día

22 de junio de 2004.

Dr. Carlos R. Baeza (Argentina)

Reparos al juicio por jurados

Dr. Carlos R. Baeza
Abogado Constitucionalista

 

Extractos:

1) El primer argumento en pro del sistema es la supuesta participación ciudadana como forma más democrática de administrar justicia, pues según expresa el proyecto gubernamental, la misma "acerca a la población una administración de justicia que aquella percibe como lejana, oscura e ineficiente". Pareciera suponerse que administrar justicia es un torneo barrial de fin de semana en el que cualquiera se anota y compite, aun sin saber jugar ni conocer las reglas.

Ante todo, debe señalarse que en nuestro régimen, los jueces son democráticamente elegidos por vía indirecta, ya que la postulación para un cargo es formalizada por el Poder Ejecutivo, quien a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura ―a excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia― debe contar con el acuerdo del Senado. De tal manera, el pueblo elige tanto al Ejecutivo como a los senadores, elecciones éstas que hasta la reforma de 1994 tenían lugar también indirectamente.

Y si el fallo de un juez así elegido no conforma a alguna de las partes, existen recursos en instancias superiores para revisar el pronunciamiento; y si se supone que el magistrado pueda estar incurso en mal desempeño o sea autor de delitos, también es dable recurrir al juicio político o al jurado de enjuiciamiento. La forma de república representativa adoptada (Arts. 1, 22 y 33 de la Constitución) hace que el pueblo gobierne a través de representantes. Y si bien se admiten sistemas de participación ciudadana, como la iniciativa popular (Art. 39), ella se agota en la mera presentación de un proyecto de ley que las Cámaras pueden o no aprobar: nadie pretende que sean los ciudadanos quienes sancionen esa ley sentados en las bancas del Congreso, o que se les dé intervención en la función ejecutiva a fin de promulgar o vetar la iniciativa, apoltronados en el sillón de Rivadavia.

Si ello es así, mucho menos cabe alegar que esos mismos ciudadanos participen en la función judicial, máxime tratándose de una delicada función técnica que requiere especial capacitación y para la cual se exigen variados requisitos, entre ellos, el de ser abogado. Con la misma lógica podría argumentarse que para lograr mayor participación en los cargos electivos populares, cualquier ciudadano pudiera presentarse como candidato, por ejemplo para senador, circunstancia vedada por el monopolio que de la representación ostentan los partidos políticos (Art. 54 de la Constitución y ley 28.298).

2) Se sostiene igualmente que el sistema funciona acertadamente en los Estados Unidos, afirmación que la realidad desmiente. Ante todo ―al igual que en el proyecto en examen― el régimen no impone recurrir en todos los casos al juicio por jurados, sino que se trata de un beneficio que el acusado puede renunciar, lo cual ocurre con harto frecuencia, ya que se prefieren los mecanismos de juicios abreviados así como la posibilidad de negociar la pena entre fiscal y defensor. Este aspecto fue destacado en un Congreso Internacional realizado en nuestro país (1997) por parte de un catedrático norteamericano quien explicó que en los Estados Unidos sólo un 10% de las causas penales van a juicio -en el 90% restante se recurre a la asunción de culpabilidad con reducción de condena- y de ese porcentaje, sólo optan por el juicio por jurados, entre un 5% y un 15%.

 Ello revela a las claras, la poca confiabilidad que el pueblo estadounidense tiene en ese sistema y lo reducido de su ámbito. Pero, además, y referido a la presunta ventaja de la celeridad del jurado en lugar de la morosidad de los órganos judiciales, pude comprobar personalmente en un Congreso sobre este procedimiento realizado en Miami, que en los tres juicios por jurados que presenciara -todos ellos por responsabilidad por daños civiles- el promedio de duración de esas causas orillaba los tres años.

3) Otro aspecto cuestionable está dado por el hecho que tanto las deliberaciones como la votación del jurado ―compuesto por 12 personas― son secretas y que sus veredictos carecen de fundamentación, limitándose a declarar al acusado culpable o inocente. En el primer caso, se requieren 9 votos en tanto en el restante, sólo 7; y si esas mayorías no se alcanzan, se debatirá nuevamente hasta 3 veces y de persistir el resultado, se absolverá al acusado. Es claro que la idea que domina este proceso parte de la base del distingo entre cuestiones de hecho a cargo del jurado, y cuestiones de derecho en manos de los jueces.

Sin embargo, tal distinción, en la práctica, resulta dificultosa ya que ambos aspectos se encuentran íntimamente vinculados; y precisamente, la falta de fundamentación de las decisiones del jurado torna imposible conocer si los mismos evaluaron únicamente las cuestiones sometidas a su consideración y, en todo caso, qué elementos de juicio valoraron para concluir en que alguien es inocente o culpable. Por el contrario, se impone a los jueces fundar sus fallos explicitando tanto la forma de valorar los distintos medios probatorios como las normas jurídicas aplicables a cada caso, pudiendo anularse las sentencias que así no lo hicieran.

4) No menos cuestionable es la circunstancia que los jurados sean legos. Recuerdo que en el citado Congreso de Miami, al preguntar a un juez de ese distrito qué calidades se requerían para ser jurado, con una sonrisa no exenta de cierta sorna, me respondió que las exigidas para obtener la licencia de conducir. Muchas veces deberán tener que estar frente a complejas pruebas que requieren una cierta preparación técnica a fin de su debida evaluación. En los juicios de responsabilidad civil a los que concurrí en los Estados Unidos quedé sorprendido, pues el juez no sólo se expidió acerca de quién era responsable, sino que inclusive fijó los montos de las reparaciones por daños. Quienes nos desempeñamos en órganos jurisdiccionales sabemos de la complejidad que, por regla general, conllevan los diversos supuestos de responsabilidad así como la determinación de las pautas indemnizatorias; materias todas dejadas en manos de hombres y mujeres sin ninguna formación. Además, la posibilidad de influir sobre algún miembro del jurado mediante dádivas o amenazas no es un elemento a descartar, máxime cuando el sistema exige mayorías que en caso de no lograrse, puede llevar a la absolución del acusado. Y por último, el hecho que tanto la acusación como la defensa puedan recusar a algunos jurados, de manera alguna garantizará la imparcialidad de ellos al momento de emitir su veredicto.

Acertadamente sostiene el Dr. Llobet Fortuny, en su obra acerca de esta temática, que pueden existir en los miembros "las proclividades más aberrantes desde la simple desviación mental, pasando luego a las fobias raciales, religiosas, profesionales, etc., ocultas o no, conscientes o no en el candidato, quien por lo demás puede mentir fácilmente respecto de ellas. No obstante y por encima de lo que venimos diciendo, lo esencial y defectuoso en este sistema de jurados reside en el hecho de que estas personas ofrecen una ausencia natural y explicable de idoneidad y experiencia, 'seudojueces', en cuanto a ver y comprender con claridad, salvando emociones, sorpresas, y valorando con lógica adecuada los elementos de prueba que se muestren ante ellos".

Cabe acotar, finalmente, que la reforma constitucional de 1949 ―hoy sin vigencia― había suprimido este instituto, señalándose que "posiblemente su mismo origen es el que ha influido para que no haya tenido aplicabilidad en nuestro país, pues dicha institución proviene de países anglosajones, que con otro concepto la han adoptado"; recordándose los numerosos proyectos en la materia que, por esa causa, nunca llegaran a sancionarse (sesión del 9 de marzo de 1949).

Muchos otros reparos pueden formularse en torno al juicio por jurados, y viene a mi memoria lo dicho por un disertante de ese país en el recordado Congreso de Miami cuando, al referirse a ese mecanismo, sostuvo: "El sistema que tenemos es el que nos refleja a nosotros", ya que no puede ser mejor que los hombres que lo integran y aplican. Y de allí la poca confianza que el propio pueblo norteamericano tiene en el juicio por jurados a la luz de las estadísticas antes señaladas.

Es dable suponer que, de llegarse a sancionar la normativa en la materia, las estadísticas pronto demostrarán que muy pocos sometidos a proceso estarán conformes en recurrir a la decisión de doce vecinos, carentes de toda formación jurídica, quienes, encerrados en una habitación, en secreto y sin dar explicación ni fundamento alguno, decidirán su suerte.

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Dr. Carlos R. Baeza
Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Sur.

Diario La Nueva Provincia - Bahía Blanca - República Argentina
Domingo 23 de Mayo de 2004

Diario de Cuyo - San Juan (Argentina)

Modelos históricos ajenos a nuestra idiosincrasia



Diario de Cuyo
San Juan - Argentina

Extractos:

La Constitución nacional hace referencias puntuales sobre el establecimiento del "juicio por jurados" que debe ordenar al Congreso, según la letra reformista de 1994, para la participación popular en la administración de justicia, reafirmando los derechos y garantías institucionales. Sin embargo, y más allá del espíritu que animó al constituyente en la idealización del estado de derecho, ahora no están dadas las condiciones para incorporar a personas legas a la complejidad del derecho y hasta se duda de la efectividad de un sistema superado por la evolución social.

Ese marco tribunalicio, arraigado en la cultura norteamericana y reflejado por el cine, la televisión y la literatura anglosajona, está lejos de ser la estructura ideal para fortalecer al Poder Judicial, según coinciden calificados jurisconsultos, políticos y analistas del derecho, por una obsolescencia práctica y potencialmente conflictiva en nuestro estilo de vida.

En el Siglo XXI, y frente a los legítimos reclamos de los argentinos de disponer de una Justicia ágil, transparente y expeditiva, sería un verdadero despropósito introducir modelos históricos ajenos a nuestra idiosincrasia y agravados con jueces legos, sin estar obligados a fundamentar sus decisiones, potenciando la precariedad jurídica actual.

Nuestra estructura republicana debe modernizarse en base a un contexto actualizado de la ciencia jurídica, no con tradiciones tribunalicias foráneas, cuestionadas en sus países de origen por la actuación de miembros carentes de formación profesional.

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Los juicios por jurados

Editorial

Diario de Cuyo

San Juan - Argentina
17 de octubre de 2004

Dr. Juan Carlos Arellano (Argentina)

Jurados, no

 

Carta de Lectores:

 

Señor Director:
 

En la edición del pasado 23 de abril leí una carta titulada Juicio por jurado. La misma me ha dejado anonadado. La institución del jurado es extraña a nuestra cultura jurídica y, además, no ofrece ninguna seguridad sobre la justicia de sus veredictos.
 

Hubo varios proyectos legislativos sobre el tema. Para citar sólo uno podemos recordar el presentado por el senador Del Valle Iberlucea, del partido Socialista. En la década del 20 todos fueron rechazados por el entonces brillante Poder Legislativo.
 

Se puede decir, además, que algunos países sajones hoy dudan sobre la bondad del juicio por jurado y algunos latinos lo han suprimido hace mucho tiempo, como es el caso de España, cuando hoy nosotros pensamos en su instalación.
 

El maestro Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, pág. 465, dice algo que parece escrito para la Argentina de hoy: "El sistema, por otra parte, ofrece aún muchas lagunas para que sea recomendable, principalmente en los momentos de inquietud popular, en las graves crisis, cuando mayor serenidad se ha de exigir a quienes se les confía la sagrada misión de administrar justicia".
 

Estas palabras del ilustre maestro son lo suficientemente claras, sabias y eruditas para demostrar el error de quienes creen que la actual crisis de seguridad que sufrimos se solucionará importando instituciones de pueblos de otra cultura, sistemas y disciplina, como parecen pensar el autor de la carta que comento y algunas autoridades.

 

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Prof. Dr. Juan Carlos Arellano
Abogado
Prof. de Historia del Derecho
DNI 4.135.437

 

Jurados, no

Carta de Lectores

Diario La Nación

16 de mayo de 2004

Dr. Juan Enrique Calvo (Argentina)

No estoy de acuerdo con los juicios por jurado

Dr. Juan Enrique Calvo
Juez del Tribunal Penal II
Posadas - Misiones

Extractos:

Es un tema que debe ser debatido en profundidad, aunque estoy en desacuerdo con la propuesta. Los juicios por jurado no van a solucionar el problema de la mora y la tardanza en los debates.

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Dr. Juan Enrique Calvo

Juez del Tribunal Penal II de Posadas - Misiones

Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Misiones

República Argentina

Misiones On Line

7 de mayo de 2004

Dr. Hernán Munilla Lacasa (Argentina)

Juicio por jurados

Dr. Hernán Munilla Lacasa
Abogado - Argentina

Carta de lectores:

Señor Director:

1) Para ser designado juez de la Nación, es necesario atravesar una serie de exigentes filtros: exámenes prácticos, oposición de antecedentes, entrevistas varias, período de impugnaciones, atravesar el trámite del Senado y finalmente ser designado por el presidente de la República. En otras palabras, se pretende, ni más ni menos, poseer la idoneidad requerida por el artículo 16 de la Constitución Nacional.

En cambio, de prosperar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para enviar a la cárcel de por vida a una persona por haber cometido cualquier delito grave (aquellos penados con 6 años o más de prisión, es decir, más del 50% de los delitos tipificados en el Código Penal), bastará con que el miembro del jurado posea el ciclo básico completo.

2) Toda sentencia que pronuncia un juez técnico debe ser una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias comprobadas de la causa. En otras palabras, debe ser fundada.

De prosperar el citado proyecto, el jurado lego sólo deberá emitir un veredicto de culpabilidad, sin ninguna necesidad de explicar los motivos en que sustenta su decisión.

Es decir, de convertirse en ley la propuesta del Ministerio de Justicia, convivirán dos sistemas bien diferenciados: aquel que sea condenado por un delito de menor gravedad, no sólo sabrá que lo ha juzgado un juez técnico, conocedor de la ciencia jurídica; sabrá también, aunque no la comparta, la valoración esgrimida para arribar a tal conclusión, extremo que le permitirá luego cuestionar en un tribunal de alzada, recurso mediante, el razonamiento seguido por el magistrado.

En cambio, aquel que sea condenado por un jurado de legos por haber cometido un delito grave, jamás podrá saber cuál fue el razonamiento lógico empleado por éstos y muy difícil le resultará acreditar, ante un tribunal superior, que han procedido con arbitrariedad.

3) Aquel que se haya diplomado de abogado, tras muchos años de sacrificado estudio en la Universidad, no podrá aportar sus conocimientos y contribuir en la administración de justicia, por cuanto el mencionado proyecto, de ser aprobado, lo excluye como posible miembro del jurado. ¿Las razones? Que habrá de influir en el voto de los restantes integrantes del selecto grupo. Me pregunto: ¿no serán éstos igualmente influidos por los discursos del fiscal y del abogado defensor?

A los contrasentidos apuntados, se suma que serán dejadas en manos del sentido común de personas completamente ignorantes del derecho y de las leyes cuestiones tan técnicas como si el acusado pudo comprender la criminalidad de su conducta, si pudo dirigir sus acciones, si pudo exigírsele otro comportamiento, si obró con error, si éste fue de hecho o de derecho; si concurrió alguna causal de justificación como ser un estado de necesidad disculpante o una legítima defensa, si ésta fue putativa o si medió un exceso; si obró coaccionado o inspirado en una obediencia debida.

Son éstos los presupuestos de toda imputación penal, aquello que enseñan en la Facultad de Derecho y acerca de lo cual tantos libros se han escrito. Estos presupuestos, cuyo concurso autoriza la atribución de un juicio de reproche penal, son los que deberán ponderar los miembros del jurado para emitir un veredicto de culpabilidad y decidir, por ejemplo, una condena a prisión perpetua.

Las soluciones que reclama nuestro desacreditado sistema de enjuiciamiento penal, el cual tiene directa relación con la crisis de impunidad e inseguridad que afecta al país, no provendrá de la implementación del juicio por jurados, que ni siquiera posee una comprobada eficacia en los países donde rige (EE. UU., España, o en la provincia de Córdoba).

Es de esperar que el Poder Legislativo no proceda con precipitación y en forma tan inconsulta como lo ha hecho el Ejecutivo.

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Dr. Hernán Munilla Lacasa

Títulos: Doctor en Ciencias Jurídicas, por la Universidad Católica Argentina, abril de 2014. Su tesis doctoral, “La retención indebida como delito de omisión”, fue calificada de “sobresaliente” por decisión unánime del jurado. Posgrado de Derecho Penal, Universidad Católica Argentina, 1999. Abogado, Universidad del Museo Social Argentino, 1986.

Actividad laboral: Socio fundador del estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios Abogados (2015). Socio del Estudio Durrieu Abogados SC (1990/2014). Asesor de la Honorable Cámara de Diputados (1990/1992) en asuntos vinculados a cuestiones penales. Secretario de Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción y de Sentencia (1986/1990).

Docencia: Fue designado profesor del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCA, a cargo del Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. Titular de la cátedra de “Derecho Penal, Parte Especial”, UCA, 2015 (ingresó a la carrera docente en 1990). Profesor titular del “Seminario de Práctica Profesional, Derecho Público y Derecho Penal”, UCA, desde 2015 (ingresó a la carrera docente en 1990). Profesor del posgrado “Derecho Empresario”, UCA, 2008 a la fecha. Profesor de posgrado en la carrera “La empresa y el derecho penal”, UCA, 2008 a la fecha.

Diario La Nación

Carta de Lectores

Buenos Aires - Argentina

6 de mayo de 2004

Dr. Néstor Nicolás Gómez (Argentina)

Para hacer justicia resulta necesario servirse de profesionales con saber y experiencia

Carta de Lectores:

De ejercer mi profesión de abogado y hacerlo en materia penal, si para un cliente acusado de delito se pudiere optar entre que lo juzgue un tribunal compuesto por magistrados profesionales, u otro por jurados designados para el caso, elegiría el de jurados si mi defendido fuera culpable.

Pero, de ser inocente, concurriría al tribunal clásico de jueces de carrera. Esto, expresado en términos generales, porque en los casos singulares la conveniencia podría ser diferente, en razón de la calificación del delito y de otras circunstancias.

Lo que quiero afirmar, partiendo de esas suposiciones, es que para hacer justicia; prescribir medicinas; proyectar un largo puente colgante o llevar una nave espacial a Marte, resulta necesario servirse de profesionales con saber y experiencia.

Además, si nos dirigiéramos a atender, no a la intrínseca verdad y justicia del proceso, sino a su costo y a su celeridad, me atrevo a expresar, rotundamente, que al respecto no cabe discusión seria alguna, porque sin lugar a dudas el juicio por jurados es mucho más costoso y lento que el que se halla a cargo de jueces profesionales.

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Dr. Néstor Nicolás Gómez
Abogado

Carta de Lectores

Diario La Nación

Buenos Aires - Argentina

2 de mayo de 2004

Prof. Alejandro Javier Fruncieri (Argentina)

Juicios por Jurado. Posibilidades de su establecimiento en Entre Ríos

Prof. Alejandro Javier Fruncieri

Extractos:

El establecimiento del Juicio por Jurados en Entre Ríos no es una alternativa viable para la crisis del actual del sistema ya que ésta se debe a problemas que escapan a los específicos aportes de solución que pueda generar este instituto.

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Publicación: www.monografías.com

7 de abril de 2004

Dr. Ramón Sáez (España)

Sin motivación no hay posibilidad de control

Dr. Ramón Sáez Valcárcel

Extractos:

Vivimos en un mundo complejo que se estructura sobre la especialización de los conocimientos y la distribución del trabajo en función de la adquisición de ciertas técnicas.

El enjuiciamiento de los delitos tiene una técnica en la estructura y definición de los delitos y en la producción y valoración de las pruebas, en algunos casos muy elaborada. Por ejemplo, los criterios de utilización de la prueba de indicios o en la valoración del testimonio de la víctima. Resulta difícil divulgar o explicar a los jurados esos conocimientos en poco tiempo.

El caso Vázquez, en Málaga, es devastador. Los jurados no han podido resistir un juicio paralelo acometido por los medios de comunicación, desde la total irresponsabilidad, con métodos y técnicas canallas, a los que nos tienen acostumbrados. Tengo para mí, una vez que he conocido los indicios que sirvieron para la condena, que un tribunal profesional no habría dictado una sentencia condenatoria. Se trataba de resistirse a la innoble presión mediática y arrostrar una campaña de difamación por absolver a alguien que había sido condenada en el juicio de la prensa.

El jurado opera con un discurso emotivo, de ahí la dificultad que manifiesta para motivar sus decisiones, que resultan fácilmente manipulables por la opinión que se publica. El oficio, el conocimiento del medio, el manejo de unas técnicas de enjuiciamiento que pueden servir para amparar decisiones impopulares (la absolución de la acusada en el caso que comentamos).

La falta de la motivación es pura arbitrariedad: una cultura en la que vivían los tribunales españoles y que tanto ha costado su transformación. Es muy difícil que los jurados argumenten sus decisiones, y, sin embargo, sin motivación no hay posibilidad de control.

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Dr. Ramón Sáez
Magistrado de lo Penal y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial

La polémica sobre la institución del Jurado
Entrevista realizada por Manuel Llusia

Pensamiento Crítico
Málaga - España
(Página Abierta, 142-143, noviembre-diciembre de 2003)

Dra. Guadalupe Muñoz Álvarez (España)

Huida del jurado

Dra. Guadalupe Muñoz Álvarez
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Extractos:

Las personas que van a formar el Jurado, después de prestar juramento o promesa, tienen que seguir el juicio oral, con la participación de la prueba que la Ley prevé para llegar a la elaboración del veredicto que terminará en la votación reflejada en el acta redactada por el secretario o un oficial que le auxilie, si lo autoriza el Magistrado-Presidente.

El veredicto no es pues una mera declaración de culpabilidad o inculpabilidad. Es mucho más, debe dar respuesta a las cuestiones que se proponen como materia de deliberación y objeto de decisión. Han de declarar probado o no probado el hecho justiciable que se haya determinado como tal, así como aquellos otros hechos que deban incluirse en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél. Es decir, la declaración de culpabilidad o no-culpabilidd descansa en el convencimiento de los jurados acerca de la conducta del acusado que consideran probada y debe ser merecedora o no del reproche en el orden penal.

Para emitir esta importante resolución, que afecta a los bienes y a la libertad de las personas, los requisitos exigidos para ser miembros del Jurado son mínimos: tener dieciocho años, saber leer y escribir, no estar incapacitado física, psíquica o sensorialmente para el ejercicio de la función, es decir, se sustituye a un profesional técnicamente preparado por un lego en materia jurídica, de corta edad, que no tiene estudios y ha de resolver con método analítico los complicados problemas que el Derecho requiere. Con tan poco bagaje deciden sobre graves delitos.

En nuestro país, a causa de varios veredictos erróneos que se han aireado quizá excesivamente, no parece haber demasiada simpatía social por el Jurado puro. Por ello muchos son los juristas que propugnan la figura del escabinado o jurado mixto, formado por ciudadanos y jueces que evitaría seguramente «la soledad que deben sentir los miembros del Jurado cuando hayan de explicar las razones en que han fundado su decisión».

El Consejo General del Poder Judicial publicó un informe en mayo de 1998 sobre la experiencia del Jurado. En él se decía que en más de la mitad de las causas examinadas hasta ese momento, la motivación de las decisiones del Tribunal del Jurado era, en realidad, inexistente o cuando menos, manifiestamente insuficiente y se hablaba de una «huida del Jurado» que se hace patente en los acuerdos de «conformidad de las partes» y la proliferación de los recursos presentados. Buscan con ello los encausados quedar extramuros de la lista de delitos sobre los que el Jurado tiene competencia. Es decir, los justiciables, en general, prefieren un tribunal de especialistas.

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Dra. Guadalupe Muñoz Álvarez

Academia de Jurisprudencia y Legislación

Diario ABC - España

¿Jurado o magistrados profesionales?

24 de octubre de 2003

Dr. Bernardo Del Rosal y Blasco (España)

Reflexiones sobre la justicia y el jurado

Bernardo Del Rosal y Blasco

Extractos:

La exculpación de Dolores Vázquez por los cargos judiciales que pesaban sobre ella como presunta autora del asesinato de Rocío Wanninkhof ha suscitado, una vez más, el debate sobre la validez del sistema de juicio por jurados en nuestro Derecho.

Desde su implantación formal en España, que data de la ley de imprenta de 1820, el jurado ha sido una institución permanentemente sometida a controversia. En nuestra historia legal y constitucional, su defensa ha estado siempre asociada al pensamiento liberal o progresista y su detracción a posiciones conservadoras o autoritarias, de modo que unos y otros hacían bandera de ello y procedían a su proclamación legal o a su derogación tan pronto ocupaban el poder.

Al convertirse el jurado en objeto central de apasionados debates políticos, la discusión en torno a su validez como pieza fundamental del sistema de justicia criminal muy pocas veces ha discurrido por el terreno de lo racional. Si uno repasa las hemerotecas y los diarios de sesiones de las Cortes, pocas veces, defensores o detractores, han utilizado argumentos que tengan que ver con una serena observación de la realidad.

Muchas de las cosas que hoy se escuchan de la boca de jueces, fiscales, abogados, juristas, periodistas o analistas políticos se escucharon, casi de forma idéntica, hace más de 70 años cuando, en 1926, se puso de manifiesto el error judicial cometido en el "caso Grimaldos", más conocido como "Crimen de Cuenca". 

Asociar la defensa del jurado al pensamiento progresista y viceversa es errático. Porque igual que, en su momento, el ilustre penalista Luis Jiménez de Asúa pudo decir que el error del "caso Grimaldos" había que atribuirlo al apasionamiento de un pueblo vengativo y a los tormentos empleados para el logro de la confesión de los inocentes, hoy, en términos no muy diferentes, debemos decir que el error en el caso Vázquez hay que atribuirlo al apasionamiento de una opinión pública vengativa y a la enorme presión ejercida sobre los investigadores policiales y judiciales para convertir en pruebas lo que no eran tales.

Pero no es cierto que el pensamiento progresista siempre haya defendido la existencia del jurado. Jiménez de Asúa, político y catedrático de Derecho Penal de profundas convicciones republicanas y democráticas, diputado socialista en la II República española, presidente de las Cortes republicanas en el exilio e incansable opositor a regímenes dictatoriales en España (Primo de Rivera y Franco) y Argentina (Onganía), se manifestó, en no pocas ocasiones, en contra del jurado, institución a la que consideraba no defendible a la vista de la evolución de las concepciones jurídicas y de la necesidad de la existencia, en las sociedades modernas, de una justicia más técnica y basada en un análisis lógico de los indicios y las pruebas.

Hay que reconocer que el jurado es una institución que se adapta mejor a la Justicia de una sociedad más primaria, menos compleja que la actual, de ahí que su importancia en los sistemas judiciales, por ejemplo, del Reino Unido o de Estados Unidos sea mucho menor de lo que la televisión nos puede hacer creer, hasta el punto de que el jurado es una institución en cierto retroceso.

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Dr. Bernardo Del Rosal y Blasco

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y Síndico de Greuges de la Comunidad Valenciana.

El País - España

1 de octubre de 2003

Enrique Arrieta Silva (México)

El jurado popular en México



Dr. Enrique Arrieta Silva

Extractos:

En resumidas cuentas: ¿será recomendable o no el jurado popular a la altura de nuestros tiempos? Pienso que no. El jurado popular podrá ser todo lo democrático que se piense y que se quiera, en cuanto participan elementos del pueblo en la administración de justicia y en cuanto el enjuiciado es juzgado por sus pares o iguales, pero no es muy jurídico por la sencilla razón de que quienes integran el jurado no tienen conocimientos jurídicos para poder apreciar las pruebas y los argumentos sobre la culpabilidad o inocencia del sometido a juicio, pues para ello no basta el sentido común, que además como dicho está no es muy común, sino que hacen falta largos años de estudio y entrenamiento en escuela y facultades de Derecho, así como en el gabinete profesional y tribunales.

Al jurado popular bien se le puede decir lo que le dijo Eduardo Coke, Justicia Mayor del reino a Jacobo I, rey de Inglaterra, quien pretendía poder juzgar personalmente en cualquier causa, porque consideraba que la ley se basaba en la razón y él poseía tanta razón como los jueces: “Los casos que atañen a la vida, a la herencia, a los bienes o al bienestar de los súbditos de su Majestad... no pueden decidirse por la razón natural sino por la razón artificial y el juicio de la ley, la cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes que un individuo pueda llegar a conocerla a fondo”. (Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, 1996, página 214).

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Enrique Arrieta Silva

Ensayista y narrador.

Estudió derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango y obtuvo el doctorado en la UNAM. Director técnico y fundador de la Revista de la Facultad de Derecho y de la Revista del Supremo Tribunal de Justicia.

Publicación: El Siglo de Durango

30 de septiembre de 2003

Libertad Digital (España)

Jurados, jueces, prejuicios y juicios paralelos

Libertad Digital.es

 

Extractos:

 

Las pruebas de ADN y la confesión de Tony Alexander King han permitido corroborar lo que, desde el principio, ya advirtieron numerosos profesionales de la justicia y en su día denunciaron reputados columnistas: que en el proceso por el que se condenó a Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof se descuidó la más fundamental de las garantías procesales recogida expresamente en la Constitución; esto es, la presunción de inocencia.

Suele decirse que el juez profesional busca la justicia y que el jurado busca un culpable. En esta ocasión, los jurados y el fiscal no estuvieron a la altura de la grave responsabilidad que tenían entre manos. El fiscal se dedicó descalificar a la acusada por su “mal carácter” y por su condición de “gallega”; y, a falta de pruebas concluyentes, basó su interrogatorio en los pormenores de la relación sexual de Vázquez con la madre de la víctima, para “calentar” el ambiente.

Los miembros del jurado, además, ya estaban suficientemente “concienciados”. En primer lugar, por el mantenimiento en prisión provisional de la acusada, que probablemente les produjo la impresión de que los profesionales de la justicia ya habían emitido su veredicto. En segundo lugar, por cierta prensa visceral –unas veces, del corazón; otras, del hígado; y las más, de las gónadas– que ya juzgó y condenó a Dolores Vázquez varios meses antes del juicio aireando constantemente declaraciones de Alicia Hornos, la madre de Rocío Wanninkhof, quien llegó a hacer apología del linchamiento diciendo que, si liberaban a su ex compañera sentimental, la mataría a mordiscos o la apedrearía en compañía de otras madres. En tercer lugar, naturalmente, por la presión social. Y en último lugar, quizá, por sus propios prejuicios homófobos en contra de Dolores Vázquez, sabiamente explotados por el fiscal, el actor de este drama que mejor supo “adaptarse” a las características de un juicio con jurado.

Así lo creyó el TSJ de Andalucía y lo confirmó después el Tribunal Supremo, que había fijado como fecha para la repetición del juicio el próximo 14 de octubre antes de que se descubriera que fue King quien asesinó a Sonia Caravantes y a Rocío Wanninkhof. Quizá también pesaron en el ánimo del juez de la Audiencia Provincial de Málaga tanto la presión social como el arriesgarse a soportar críticas –del PSOE, que amenazó con no firmar el Pacto por la Justicia que acaba de abandonar si se removía una sola coma de la Ley del Jurado– por enmendar la “voluntad popular”.

Así, la experiencia de este caso, junto a la del asesino del ertzaina, pone en tela de juicio una vez más la institución del jurado. Salvo Jueces por la Democracia –la asociación a la que pertenecía Belloch, impulsor de la Ley del Jurado–, la mayoría de los jueces y de los juristas está en contra de una institución con nula tradición en nuestro país, donde los juicios paralelos y los linchamientos mediáticos son, por desgracia, moneda corriente.

 

Mejor sería olvidarse del “invento” del jurado y dejar a los profesionales del derecho ocuparse de dirimir la inocencia o la culpabilidad de los reos. En primer lugar, por su experiencia, y en segundo lugar, por el aprecio una profesión que tiene como lema el preferir que un delincuente ande suelto antes que un culpable pague por el crimen que no ha cometido.

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Libertad Digital

España

24 de septiembre de 2003

Dra. María Asunción Moreno (Nicaragua)

Desaparecer los jurados



Dra. María Asunción Moreno

Extractos:

La jurista María Asunción Moreno, directora general de Postgrados y Maestrías de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), es del criterio que la figura del jurado debe desaparecer. 

Moreno se declara abiertamente anti-jurado bajo el argumento de que es una institución “viciada, sensible y fácilmente manipulable”.

“No comparto la participación del ciudadano en la administración de justicia, porque cuando se juzga a una persona, todo penalista sabe que lo hace en base a la ley y ciertas reglas que establece el procedimiento, y esto no lo conoce el jurado. ¿Cómo valorar una prueba?, (el jurado) no sabe cómo hacerlo”, expresó Moreno.

La catedrática critica fuertemente el hecho de que la ley le exige al abogado (acusador y defensor), tomar en cuenta normas técnicas y requisitos legales “para armar un procedimiento”; mientras que al jurado le dicen que se olvide de todo ese trabajo legal y de lo que dice la ley, y dejan que los miembros del jurado decidan conforme “a su conciencia”.

“La conciencia, por los resultados que tenemos, ya sabemos que es bastante manipulable y sensible, de tal forma que (el jurado de conciencia) rompe con el esquema de la legalidad”, opina.

Para Moreno, la figura del jurado de conciencia es una de las instituciones “que contribuyen a que la imagen de la justicia no sea tan buena”.

Para Moreno este sistema es tan vulnerable que con el Código de Instrucción Criminal (In), recuerda que un vecino suyo fue electo miembro de jurado tres veces en una misma semana, lo que la hace dudar de la efectividad de la elección de los jurados.

“Yo le llamaba el jurado profesional. ¿Cómo salía (electo)?, no sé. Tenía mucha suerte o el sistema estaba malo. Se ganó 100 pesitos en cada uno”, expresó.

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Dra. María Asunción Moreno

Directora de Posgrados y Maestrías de la Facultad de ciencias jurídicas de la UCA (Universidad Centro Americana)

Diario La Prensa de Nicaragua

Desaparecer los jurados

10 de agosto de 2003

Dra. Alejandra G. Belmartino (Argentina)

Jurados, no

 

 Carta de Lectores:

 

Sr. Director:

 

Disiento con el doctor Wortman Jofre. El juicio por jurados requiere un nivel cultural y una formación cívica media, de los que indudablemente carecemos. En las presentes circunstancias se convertiría en un elemento más de la corruptela generalizada.
 

No parece ser la institución adecuada para pueblos cuyos gobernantes han vulnerado la garantía de propiedad y cuyo Poder Judicial, en muchos casos, deniega la vía excepcional (amparo) frente a la excepcionalidad del desapoderamiento sufrido por los particulares.

 

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Dra. Alejandra G. Beimartino
Abogada
DNI 6.719.258

 

Nota de Lectores

Diario La Nación

Buenos Aires - Argentina

30 de julio de 2003

Dr. Sergio Cuarezma (Nicaragua)

Esa figura debe desaparecer

Dr. Sergio Cuarezma

Extractos:

Dejar en manos de un jurado de conciencia la decisión de quién es o no culpable, es calificada como una grave contradicción, tomando en cuenta que su veredicto no está sujeto a las evidencias que dentro de un proceso judicial son aportadas, en consecuencia esa figura debe desaparecer, a juicio del catedrático de Derecho Penal y Criminología, Sergio Cuarezma.

Es una labor seria y delicada, similar a la operación que hace un cardiólogo, no la puede hacer cualquier médico, mucho menos una persona que no lo sea. La persona tiene derecho a una justicia de calidad, impartida por un juez, no a una justicia de ‘sorteo’, como la lotería, que el jurado imparte.

Además de no valorar los medios de prueba, generalmente los veredictos son emotivos, responden a la afectividad o sentimientos sociales, políticos y culturales de cada miembro.

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Dr. Sergio Cuarezma
Catedrático de Derecho Penal y Criminología
Nicaragua

Publicación: La Prensa - Nicaragua
Por: Mirna Velásquez, Luis Felipe Palacios y Ary Neil Pantoja
9 de mayo de 2003

José Joaquín Quadra Cardenal (Nicaragua)

El controversial tema del juicio por jurado

José Joaquín Quadra Cardenal
Historiador nicaragüense

Extractos:

Hace años me correspondía como una obligación ciudadana integrar la lista de jurados en la ciudad de Granada, varias veces tuve que actuar como jurado y creo que casi siempre impresionaban más las exposiciones a veces dramatizadas de los abogados, defensor o acusador, que los aspectos legales que contenían los expedientes.

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Don José Joaquín Quadra Cardenal
Historiador

La Prensa - El diario de los Nicaragüenses
11 de marzo de 2002

Dr. Alfredo Chirino Sánchez (Costa Rica)

Los jurados son maleables

Dr. Alfredo Chirino Sánchez

Extractos:

El director de la Escuela Judicial de Costa Rica, Alfredo Chirino Sánchez, se mostró contrario a la existencia de la institución en su país, por considerar que los jurados de conciencia son “extremadamente maleables”.

La experiencia por parte de los costarricenses acerca de la institución del jurado de conciencia no puede ser más que “reservada”, dijo el abogado.

Hace más de medio siglo que Costa Rica abolió la institución.

De acuerdo con el jurisconsulto, los costarricenses le tienen una “tremenda desconfianza a los jurados de conciencia”.

Cuando la institución existía en Costa Rica, se percibía como “maleable, extremadamente influenciable” por parte de los abogados y de aquellos que hacían uso de esa institución; y digo que hacían uso, porque, efectivamente, los jurados de conciencia les servían precisamente a los abogados litigantes especialmente intuitivos, indicó el director de la Escuela Judicial del país vecino.

“Debido a esa capacidad influenciable que tenían los jurados, fue que decidimos acabar con ellos”, agregó.

De acuerdo con Chirino Sánchez, si en estos momentos se hiciera un referendo para decidir si se pone en vigencia el jurado en su país, la mayor parte de la gente votaría en contra de su restablecimiento.

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Jurados de conciencia, ¿un mal necesario?

Por NUBIA APARICIO S.

La Prensa de Panamá
9 de septiembre de 2001

Dr. Zakaria Erzinglioglu (Reino Unido)

Los jurados son muy a menudo incapaces de comprender las pruebas

Dr. Zakaria Erzinglioglu

Extractos:

Mi propia experiencia con los tribunales me lleva a creer que el sistema de jurados no es tan deseable como se afirma que es. Legalmente, no es posible pedir a un miembro del jurado cómo llegó a su veredicto. Por lo tanto, no se puede saber cómo estas decisiones se han tomando.

Me parece que ésta es una debilidad inherente al sistema que casi nunca se destaca. No puede ser una buena cosa no saber cómo se llega a una decisión pública, especialmente sabiendo que los jurados pueden incluir personas prejuiciosas, ignorantes y estúpidas, aunque esto no sea la norma. La cuestión ni siquiera gira en torno a si los jurados se componen o no de estas personas, sino con qué frecuencia lo hacen. Es evidente que no es posible responder a esta pregunta. El misterio sobre este asunto me parece ser un argumento en contra de los jurados.

En general, me parece que el juicio por jurados no está a la altura de su exaltada reputación, en parte debido a la debilidad fundamental de un sistema que designa a las personas de desconocido nivel intelectual y moral y en parte por la forma en que los manipulan  los abogados y los jueces. Sin duda, es mi impresión de que los abogados, jueces y agentes de policía suelen tener poco respeto por los jurados.

Un incidente de mi experiencia me reveló la verdadera opinión que los jueces tienen sobre los jurados. Fue un caso de asesinato. Algún tiempo antes de que comenzara el juicio, fui entrevistado por un reportero acerca de mis puntos de vista sobre el estado de la ciencia forense en Gran Bretaña. Le expresé mi opinión de que muchos practicantes forenses eran incompetentes o corruptos pero, por supuesto, no mencioné ninguna persona ni casos específicos. La entrevista se refería a los principios generales y era del tipo que yo había dado en ocasiones anteriores. El artículo fue publicado en el periódico el día antes en que debía declarar en el juicio. Debo mencionar que no tenía ni idea de cuándo el artículo se iba a publicar, ni sabía cuándo iba a ser llamado a declarar.

Cuando llego a la corte, se me informó de que un problema pequeño se había planteado y se me pidió que esperara en el pasillo. Para no hacer el cuento largo, el juez, bajo la presión del abogado defensor, decidió abortar el proceso y aplazarlo por seis meses, ya que consideró que el artículo había perjudicado al jurado. El abogado defensor afirmó que los miembros del jurado que pudieran haber leído el artículo, estarían más dispuestos a creerme más que al asesor de la Defensa.

Con el fin de tratar de extraer algún tipo de explicación para lo que ocurrió, me decidí a escribir al juez. El siguiente es un extracto de la carta muy larga que le envié: "El artículo no es evidencia en este juicio. El tribunal, sin embargo, consideró que podría perjudicar al jurado. ¿Esto debe tomarse como una indicación de que el tribunal no cree que el jurado tiene la capacidad de distinguir entre lo que es evidencia y lo que no lo es?

La cancelación del juicio indicó que el tribunal no creyó que el jurado estuviera en condiciones de hacer la distinción. Sin embargo, estas fueron las mismas personas que fueron designados para decidir si un hombre acusado de asesinato era culpable o inocente.

A un grupo de personas al que se puede confiar decidir el futuro de un hombre, seguramente debería considerarse lo suficientemente inteligente para distinguir entre lo importante y lo que no importa. El hecho de que el juicio fue abortado indica que ni los abogados ni el juez tenía un gran respeto por la inteligencia de los miembros del jurado. El juez no respondió a mi carta. Recibí una respuesta de un funcionario, quien dijo que "no era la práctica" que los jueces entren en correspondencia sobre estas cuestiones.

Mis propias observaciones de los jurados me ha convencido de que no son a menudo aptos para la tarea que se les encomienda. No digo que los jurados son siempre incapaces de comprender las pruebas y de considerar su significado, sino simplemente que son demasiado a menudo aparentemente incapaces de hacerlo.

¿Por qué digo esto? ¿Qué pruebas tengo para hacer tal afirmación, ya que no es posible interrogar a los jurados cómo llegaron a sus conclusiones? La respuesta es que he conocido a los jurados que han llegado a veredictos que son claramente irracionales.

La capacidad de comprender y evaluar la evidencia no es un atributo común, y esta afirmación no debe tomarse como un comentario despectivo. La capacidad de evaluar correctamente la evidencia se adquiere en el transcurso de muchos años de entrenamiento y pensando en todo tipo de problemas prácticos. Incluso los abogados, científicos, historiadores y otros, cuyo trabajo diario consiste en la valoración de la prueba, a menudo no lo hacen bien. ¡Cuánto más improbable es que tengan éxito los miembros del jurado no capacitados!

Como hemos visto, a la mayoría de los profesionales (excepto, quizás, los jubilados) se los ha excusado de integrar los jurados. Sin ánimo de causar cualquier ofensa a los que se dedican a otras ocupaciones, el hecho es que la mayoría de los miembros del jurado simplemente no están capacitados para hacer frente a las exigencias de un juicio en la corte.

El asunto no es sólo de interés académico, he conocido varios casos de errores judiciales que fueron causadas por un jurado que emite un veredicto irracional. Sin embargo, el recurso contra una sentencia no puede hacerse sobre la base de que el jurado fue incapaz. Estoy de acuerdo con el Ministro del Interior en que es hora de que el sistema de jurados sea examinado muy de cerca.

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El Dr. Zakaria Erzinglioglu ha practicado la ciencia forense y dado prueba en los tribunales por un período de más de veinte años.

Dr. Eladio Escusol Barra (España)

Juzgar es muy difícil

Dr. Eladio Escusol Barra

Magistrado del Tribunal Supremo español

Extractos:

Me preocupa mucho la función de los jurados, a quienes la ley integra en el ámbito de la jurisdicción, sencillamente por esto: porque juzgar es muy difícil. Juzgar exige sabiduría y equilibrio. Juzgar exige mucha prudencia en la toma de decisiones judiciales, a la vez que firmeza, objetividad e independencia.

Enlace: Versión On Line

Dr. Eladio Escusol Barra
Natural de Alarba, lugar donde nació en 1933. Se formó en Calatayud y en el Instituto Goya, antes de estudiar en la Universidad de Zaragoza y doctorarse en Derecho Administrativo en Barcelona, donde compaginó su carrera de fiscal y de profesor universitario. Llegó al Supremo, donde ocupa la plaza de Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en 1991 por el turno de jurista de reconocido prestigio. Anteriormente ocupó la plaza de fiscal jefe de Las Palmas y, posteriormente, las fiscal del Tribunal Supremo y fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

El juicio por jurados en la proyectada reforma del Sistema Judicial Penal Argentino

Abogados On Line
22 de julio de 2011

Citado por el Dr. Jorge Kent
El juicio por jurados ¿Un progreso o un tropiezo en el diferido mejoramiento de la administración de justicia?, publ. en La Ley, T. 1998, D, p. 987.
25 de mayo de 1998

Dr. Augusto César Belluscio (Argentina)

Existe la posibilidad de que juzguen los medios 

Dr. Augusto C. Belluscio
Ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
República Argentina

Extractos:

En coincidencia con el lanzamiento del sistema de juicios por jurado, estuvo en Córdoba el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Belluscio, quien declaró no compartirlo.

Belluscio consideró que no existen buenos antecedentes en el mundo. "En la justicia norteamericana los juicios por jurados son deficientes. Se presta mucho a la influencia de los medios de comunicación", a lo que agregó: "Existe la posibilidad de que en vez de juzgar los jueces, juzguen los medios".

Consideró que "no es tan grave la solución cordobesa, que es la solución europea, donde se integran con dos jurados populares y tres jueces de derecho" .

De todos modos, fue muy gráfico al explicitar su posición: "A los que defiendan los juicios por jurados yo les pregunto: si tuvieran que operarse de apendicitis, ¿se harían operar por un cirujano o por un jurado?".

Dr. Augusto Belluscio

Ex. Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Diario La Nación
9 de Mayo de 1998