Jurado popular: ¿justicia o tomadura de pelo?
 |
| Periodista Raúl Martos |
Extractos:
Me arrepiento de no haber escrito sobre este tema antes porque ahora, tras la sentencia de no culpabilidad (que no significa inocente) del ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, puede parecer más fácil o más visceral que racional realizar una crítica sobre el sistema de jurado popular. Pero no puedo dejar escapar la oportunidad que la Justicia me ha brindado. Me lo ha puesto ha huevo, con perdón.
El juicio en el que Camps ha ocupado el banquillo de los acusados es uno de los más claros ejemplos donde queda de manifiesto la negligente acción que supone este tipo de procesos. La causa contra el ex presidente valenciano se ha desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, comunidad en la que Camps era presidente y contaba con grandes influencias y poder, y los miembros del jurado no eran otros que ciudadanos valencianos, electores de la misma comunidad en la que Camps había obtenido mayoría absoluta en los últimos comicios.
Nos encontramos con el problema de la independencia de los miembros del jurado, ciudadanos de a pié con sus propias ideologías, intereses y, lo que considero más importante, simpatías e animadversiones. Por pura estadística, si la mayoría de valencianos concedió su voto de confianza a Camps (o al Partido Popular) en las últimas elecciones, parece lógico pensar que la mayoría de los miembros del jurado era afín al ex mandatario regional. Con este simple razonamiento, resulta sensato pensar que, en un juicio donde era necesario obtener siete de los nueve votos del jurado para condenar al acusado, no había muchas posibilidades de que fuera declarado culpable.
Y si os habéis dado cuenta, ni siquiera he mencionado las distintas pruebas que tanto la acusación como la defensa han presentado. ¿De qué sirven? Si algún día me reclutaran como miembro de un jurado popular que debiera decidir sobre la culpabilidad o inocencia de mi jefe, no me importarían las pruebas, ni los testimonios de los testigos, lo declararía culpable, incluso antes de haber comenzado el juicio. Y si en vez de mi jefe, el acusado fuera mi mecenas, también lo tendría clarísimo, votaría por su inocencia.
Así de lamentable es la condición humana y, por lo tanto, tan sospechosa como recelosa. Además, aunque fuéramos imparciales y nos atuviéramos a las pruebas y testimonios, los seres humanos somos tan frágiles y manipulables que, tras escuchar los alegatos finales, podemos cambiar de parecer. En un estado de derecho, donde el órgano judicial imparta la justa justicia, no parece recomendable que la decisión final de una sentencia judicial esté causada por la mayor o menor oratoria que los abogados puedan tener. Ya están los políticos para manipular nuestra percepción de la realidad; dejemos que los jueces y magistrados se encarguen de interpretar las leyes.
Todo esto, sin contar con el dinero público que cuesta, simplemente, el alojamiento y la manutención de los miembros del jurado, que deben permanecer incomunicados en un hotel hasta que se dicte sentencia.
Entonces, ¿por qué se siguen desarrollando juicios con jurado popular? ¿No existen profesionales competentes, formados durante años en leyes y con una amplia experiencia que puedan emitir un veredicto tan justo como legítimo? Porque claro, si asentimos que los ciudadanos puedan participar en la Administración de Justicia, ¿por qué no intervienen también en Sanidad o en Seguridad?
Si me aparece un bulto raro en el pecho y acudo al hospital para que me lo diagnostiquen y, en vez de un doctor, que ha invertido diez años de su vida estudiando el cuerpo humano y las distintas enfermedades y además cuenta con reputada experiencia en su especialidad, seleccionan a nueve personas de la calle que, tras oír mis explicaciones sobre el bulto, deciden, con cinco votos a favor y cuatro en contra, que se trata de un simple quiste del que no hay que preocuparse y que no tiene apariencia de tumor… Perdonadme, pero eso no me convencería.
Lo primero, y casi lo único, que ten enseñan en las facultades de periodismo es que la objetividad no existe. Esta afirmación, tan categórica como irrefutable, no se queda anclada exclusivamente en el mundillo de la comunicación sino que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, personal o profesional. Y un juicio con jurado, lejos de impartir justicia, como debería ser su cometido, se convierte en una causa popular, en la que, para demostrar la inocencia o culpabilidad de un presunto criminal, adquieren más importancia los sentimientos y las efusiones personales que las pruebas objetivas del proceso.
¿Un tribunal profesional habría absuelto a Camps? De momento, no se puede saber. Lo que sí se sabe es que algunas de las causas judiciales que tiene abiertas Jaume Matas, el ex presidente del Gobierno Balear también serán juzgadas por un tribunal popular. Más de lo mismo.
Enlace: Versión On Line
Me arrepiento de no haber escrito sobre este tema antes porque ahora, tras la sentencia de no culpabilidad (que no significa inocente) del ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, puede parecer más fácil o más visceral que racional realizar una crítica sobre el sistema de jurado popular. Pero no puedo dejar escapar la oportunidad que la Justicia me ha brindado. Me lo ha puesto ha huevo, con perdón.
El juicio en el que Camps ha ocupado el banquillo de los acusados es uno de los más claros ejemplos donde queda de manifiesto la negligente acción que supone este tipo de procesos. La causa contra el ex presidente valenciano se ha desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, comunidad en la que Camps era presidente y contaba con grandes influencias y poder, y los miembros del jurado no eran otros que ciudadanos valencianos, electores de la misma comunidad en la que Camps había obtenido mayoría absoluta en los últimos comicios.
Nos encontramos con el problema de la independencia de los miembros del jurado, ciudadanos de a pié con sus propias ideologías, intereses y, lo que considero más importante, simpatías e animadversiones. Por pura estadística, si la mayoría de valencianos concedió su voto de confianza a Camps (o al Partido Popular) en las últimas elecciones, parece lógico pensar que la mayoría de los miembros del jurado era afín al ex mandatario regional. Con este simple razonamiento, resulta sensato pensar que, en un juicio donde era necesario obtener siete de los nueve votos del jurado para condenar al acusado, no había muchas posibilidades de que fuera declarado culpable.
Y si os habéis dado cuenta, ni siquiera he mencionado las distintas pruebas que tanto la acusación como la defensa han presentado. ¿De qué sirven? Si algún día me reclutaran como miembro de un jurado popular que debiera decidir sobre la culpabilidad o inocencia de mi jefe, no me importarían las pruebas, ni los testimonios de los testigos, lo declararía culpable, incluso antes de haber comenzado el juicio. Y si en vez de mi jefe, el acusado fuera mi mecenas, también lo tendría clarísimo, votaría por su inocencia.
Así de lamentable es la condición humana y, por lo tanto, tan sospechosa como recelosa. Además, aunque fuéramos imparciales y nos atuviéramos a las pruebas y testimonios, los seres humanos somos tan frágiles y manipulables que, tras escuchar los alegatos finales, podemos cambiar de parecer. En un estado de derecho, donde el órgano judicial imparta la justa justicia, no parece recomendable que la decisión final de una sentencia judicial esté causada por la mayor o menor oratoria que los abogados puedan tener. Ya están los políticos para manipular nuestra percepción de la realidad; dejemos que los jueces y magistrados se encarguen de interpretar las leyes.
Todo esto, sin contar con el dinero público que cuesta, simplemente, el alojamiento y la manutención de los miembros del jurado, que deben permanecer incomunicados en un hotel hasta que se dicte sentencia.
Entonces, ¿por qué se siguen desarrollando juicios con jurado popular? ¿No existen profesionales competentes, formados durante años en leyes y con una amplia experiencia que puedan emitir un veredicto tan justo como legítimo? Porque claro, si asentimos que los ciudadanos puedan participar en la Administración de Justicia, ¿por qué no intervienen también en Sanidad o en Seguridad?
Si me aparece un bulto raro en el pecho y acudo al hospital para que me lo diagnostiquen y, en vez de un doctor, que ha invertido diez años de su vida estudiando el cuerpo humano y las distintas enfermedades y además cuenta con reputada experiencia en su especialidad, seleccionan a nueve personas de la calle que, tras oír mis explicaciones sobre el bulto, deciden, con cinco votos a favor y cuatro en contra, que se trata de un simple quiste del que no hay que preocuparse y que no tiene apariencia de tumor… Perdonadme, pero eso no me convencería.
Lo primero, y casi lo único, que ten enseñan en las facultades de periodismo es que la objetividad no existe. Esta afirmación, tan categórica como irrefutable, no se queda anclada exclusivamente en el mundillo de la comunicación sino que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, personal o profesional. Y un juicio con jurado, lejos de impartir justicia, como debería ser su cometido, se convierte en una causa popular, en la que, para demostrar la inocencia o culpabilidad de un presunto criminal, adquieren más importancia los sentimientos y las efusiones personales que las pruebas objetivas del proceso.
¿Un tribunal profesional habría absuelto a Camps? De momento, no se puede saber. Lo que sí se sabe es que algunas de las causas judiciales que tiene abiertas Jaume Matas, el ex presidente del Gobierno Balear también serán juzgadas por un tribunal popular. Más de lo mismo.
Enlace: Versión On Line
La Columna de Raúl Martos (Periodista)
26 de enero de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario